Alicia Eugenia Silva

La jornada del 21N en Bogotá nos deja un balance sombrío de la cultura ciudadana en nuestra capital. Los recursos públicos fueron dolorosamente violados, y la destrucción masiva del transporte público nos dolió a la mayoría de los bogotanos, que lo hemos ido construyendo con nuestros impuestos de los últimos 20 años, y perjudicó primordialmente a los usuarios que viven más alejados de sus lugares de trabajo.

Somos muchos los colombianos que queremos vivir en una sociedad en la que respetemos la vida, tengamos una mayor igualdad de oportunidades, nos escuchemos con atención y con respeto y así podamos disfrutar de los bienes públicos que hemos logrado construir con el esfuerzo de muchos. En una sociedad donde cada uno de nosotros acepte su responsabilidad y no culpe al otro o al distinto por todo lo que nos ha salido mal.

Los recursos públicos de los bogotanos fueron violados por todos aquellos colombianos que han ejercido autoridad y convocaron las marchas sabiendo que hacia el final de estas podrían presentarse desmanes, sin asumir hoy ninguna responsabilidad por lo que de hecho pasó.

Los violaron los políticos que solo se representan a sí mismos y a unos pocos beneficiarios de sus variados escándalos de corrupción en los que han estado inmersos y, a pesar de ellos, siguen en el Congreso y siguen teniendo eco permanente en los medios de comunicación.

Los violaron los que convocaron a los estudiantes de secundaria de la capital a las marchas, pero siguen criticando el comportamiento de la Policía Nacional, que, en general, dio muestras de contención y educación en derechos humanos cuando se la compara con otras policías de la región.

Los violaron los marchantes, que no quieren aceptar que los espacios públicos son para el disfrute de toda la ciudadanía y que si quieren protestar, sería conveniente y legal pedir permiso a la autoridad competente, y no hacerlo todos los días o cuando se les antoje, impidiendo a la mayoría el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la movilidad.

Claro que es necesario oír a todos aquellos que marcharon y no se sienten representados por los sindicalistas beneficiarios de los privilegios de un cierto estado de bienestar en una sociedad desigual, ni por los políticos que representan unas minorías beneficiarias del clientelismo y la corrupción, y es necesario exigirles a los pocos políticos sensatos que piensen y se pongan por encima de la complacencia populista de decir lo que la gente quiere oír y conserven algo de su dignidad y su responsabilidad para cuando los demás las hayan perdido por completo.

Pero definitivamente debemos oír a los millones de colombianos que no marcharon y votaron en las pasadas elecciones y también quieren construir un país mejor.