El plazo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre la reelección indefinida se cumplió el lunes. Foto: OEA

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Los juristas de nueve estados de América Latina en coordinación con la Fundación para el Debido Proceso enviaron un documento de 94 páginas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) — de acuerdo al “amicus curiae” —, donde argumentan que la reelección presidencial no puede ser considerada como un derecho humano.

El documento señala que en las democracias modernas “nadie puede argumentar tener un derecho a reelegirse después de un primer mandato” si la Constitución de ese país “dispone lo contrario”, concluyeron los abogados, según una publicación del medio Brújula Digital.

El “amicus curiae” es un informe escrito que puede ser presentado por una persona natural o jurídica que, a pesar de no tener un interés directo en el caso, interviene en él para defender un interés de trascendencia general, como la defensa de los derechos fundamentales.

En ese marco, la Corte envió dos preguntas a los abogados, la primera consulta enviada fue: “¿Existe un derecho humano a la reelección indefinida?”.

“Los límites o la prohibición a reelegirse no puede considerarse discriminatoria ni ilegítima porque esta restricción está plasmada en las constituciones nacionales y está respaldada por antecedentes históricos y justificaciones actuales, dado los episodios políticos suscitados en los últimos años en los que la seguridad jurídica de nuestros países ha sufrido severos embates debido a ambiciones políticas personales”, respondieron.

Los abogados que presentaron el documento son Marvin Carvajal (Costa Rica), David Lovatón (Perú), Joaquín Mejía (México), Daniel Cerqueira (Brasil), Javier Galindo (Colombia), Julián Gonzales (Colombia), Danilsa Peña (República Dominicana), Ramiro Orías (Bolivia) y Claudia Martin (EEUU).

El informe también señala que “es posible poner límites objetivos y razonables al derecho de ser elegido. Los límites a la reelección que la mayoría de las democracias representativas imponen al derecho del Presidente titular representan un límite razonable al derecho de ser elegido porque impiden el ejercicio ilimitado del poder en manos del Presidente y protegen otros principios constitucionales como los controles y equilibrios y la separación de poderes”.

A pedido de Colombia, la CIDH evalúa si los presidentes que usaron el Artículo 23 del Pacto de San José para lograr su reelección — en contra de los que señalan sus constituciones — es legal o no. Uno de los mandatarios que usó este argumento fue Evo Morales al igual que Daniel Ortega, quien continúa gobernando Nicaragua.

La segunda pregunta es: “¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos políticos?”.

Una vez analizado el Pacto de San José, los abogados coincidieron que solo se puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades de los derechos políticos exclusivamente en razón de “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, mental o condena por juez competente, en proceso penal”.

Sobre el punto, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclaran que los estados tienen “legitimidad democrática” para establecer restricciones fuera de los que se señalan en el artículo 23 del Pacto.

“En este orden de ideas, la prohibición constitucional a la reelección presidencial no solamente no transgrede un supuesto derecho político, sino que tiene como objetivo evitar ventajas excesivas e indebidas para el candidato-presidente ya que, mientras compite en la contienda electoral, continúa ocupando la más alta magistratura del Estado y cuenta con gran parte de la institucionalidad y del presupuesto bajo su autoridad, lo cual, en países con una institucionalidad democrática debilitada, constituye un serio riesgo para la celebración de elecciones en igualdad de condiciones”, señala el documento.

Asimismo, los juristas explicaron que en los sistemas presidencialistas el mandato ilimitado conduce al peligro de tener un ‘monarca republicano’, por lo que las restricciones contribuyen a la preservación de un sistema de controles y equilibrios constitucionales.

“Por tanto, las restricciones a la reelección presidencial deben proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, siempre y cuando tales limitaciones se encuentren establecidas en la Constitución –tomando esta como expresión de la voluntad soberana–, en aras del interés general. Así las cosas, dichas restricciones no pueden considerarse discriminatorias o irrazonables”.

El lunes, el procurador general del Estado pidió a la CIDH que se pronuncie sobre la reelección indefinida debido a que se cumplió el plazo de emisión del pronunciamiento.