El Gobierno dejó clara una advertencia: Se iniciarán procesos legales en contra de aquellos comerciantes que cometan especulación y agio ya que, por intereses económicos o incluso políticos, la población boliviana no debe sufrir por el alza injustificada de precios de productos de primera necesidad.

El conflicto se dilata toda vez que algunos sectores tratan de generar confusión en la población con el maíz. Afirman que hay desabastecimiento del producto, cuando la verdad es que las autoridades gubernamentales dejaron en claro, con pruebas contundentes, que incluso hay superávit en la producción y almacenamiento del grano.

“Vamos a iniciar los procesos legales contra aquellas personas que estarían cometiendo este delito, atentando además contra la economía del pueblo cruceño, del pueblo boliviano, simplemente para satisfacer al parecer apetitos económicos de este sector y muy posiblemente respondiendo a intereses políticos”, manifestó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.

Según datos oficiales, existe una oferta de 1.029.179 toneladas (t) de maíz para abastecer las 995.203 t que requiere el mercado interno, por lo que no es justificable que se trate de especular respecto a la falta de este producto y con ello se quiera justificar el aumento de precios en productos como la carne de pollo o de cerdo.

En este comparativo, la producción de maíz da cuenta de que en 2019 hubo más de 164.000 t de superávit; en 2020, más de 158.000 t; en 2021, más de 145.000 t; y este año, pese a la afectación por diferentes eventos climáticos, se tienen 34.000 t de superávit en la producción de maíz.

No se descarta que esta estrategia sea para que los grandes productores y empresarios busquen un escenario de escasez y déficit en la producción y abastecimiento del grano para forzar al Gobierno nacional al uso de transgénicos en el país.

En este punto cabe remarcar que la importación del maíz no está restringida siempre y cuando cumpla con las medidas fitosanitarias y otros requisitos que exige la normativa nacional, a propósito de la solicitud de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

Sin embargo, es lamentable que, por estos intereses sectoriales, sean económicos o incluso políticos, se juegue con el bolsillo de la población y, lo que es peor, se trate de dar una imagen de escasez de alimentos cuando los bolivianos se recuperan de una pandemia y de un gobierno de facto que perjudicó a los bolivianos en su conjunto.

De acuerdo al artículo 226 del Código Penal, “El que procurare alzar o bajar el precio de las mercancías, salarios o valores negociables en el mercado o en la bolsa, mediante noticias falsas, negociaciones fingidas o cualquier otro artificio fraudulento, incurrirá en privación de libertad de seis meses a tres años, agravándose en un tercio si se produjere cualquiera de estos efectos. Será sancionado con la misma pena el que acaparare u ocultare mercancías provocando artificialmente la elevación de precios”.

Ésta es una advertencia clara contra aquellos comerciantes que traten de perjudicar al pueblo boliviano, siendo una muestra clara de que el Gobierno vela por los intereses de la familia frente a los intereses particulares de algunos sectores.

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