Imagen referencial de una persona arrestada. (Foto: Archivo)

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Roberto Barbosa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, informó que a la fecha más de 33 personas recibieron sentencias condenatorias por el delito de atentado contra la salud pública, ya que incumplieron con la cuarentena total para evitar la propagación del coronavirus, y optaron por el procedimiento abreviado una vez que reconocieron su responsabilidad y culpabilidad en esos hechos.

Añadió que entre 55 y 60 son detenidos preventivos y con arresto domiciliario a escala nacional por el mismo hecho.

En entrevista con radio Panamericana, el jurista destacó dos hechos que se registraron anteriormente en Riberalta y Trinidad (Beni).

El 31 de marzo se aprehendió a cinco personas en Riberalta debido a que convocaron a los pobladores a una marcha con fines políticos, bajo el argumento de que el Gobierno no les atendía y que incluso no les daría un bono.

“Esa marcha convocada respondía a una línea política del Movimiento al Socialismo que prometía retribuciones para más adelante; incluso en un celular se encontraron tres grupos del MAS y uno que se llamaba Juan Ramón Quintana, por ello sabemos que el único afán era político y lamentamos que se juegue con la salud de la población. Esa movilización fue dos días antes del pago de un bono”, manifestó.

Una de las mujeres que incitó a la movilización e incluso fue imputada por sedición recibió una condena de tres años de cárcel, en tanto que los otros cuatro fueron enviados preventivamente por seis meses al penal de Mocoví.

“Las manifestaciones comenzaron dos días antes de que se pague el bono y no tiene sentido porque ni siquiera se empezó a cumplir y hubo una marcha para tratar de desestabilizar al Gobierno”, remarcó.

Otro de los casos se registró ayer en Trinidad, donde se detuvieron dos vagonetas del Ministerio de Energía que transportaban a personal de esta cartera de Estado y a otros funcionarios públicos sin autorización.

El ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, explicó que los motorizados salieron de La Paz con un chofer y un funcionario para cumplir funciones oficiales en Beni y que “lamentablemente” viajaron otras personas más, Los funcionarios se negaron a someterse a los exámenes de bioseguridad en dicha región, por ello fueron destituidos y se les inició un proceso penal.

“Ayer nos sorprendimos porque otros funcionarios vinieron, incluso que no son parte del Ministerio de Energías, y es una pena porque en Beni se hacen esfuerzos para que no haya contagiados con coronavirus, por ello tomamos la decisión de desvincularlos porque se trata de gente que no entiende que puede ser una tragedia”, declaró a la radiodifusora.

Los funcionarios designados y los vehículos tenían la misión de acompañar en Riberalta y Guayaramerín toda la logística, apoyar en el traslado de algunos insumos y atender a los municipios cercanos.

“Esas personas pensaron que estaban de vacaciones y venían a hacer un safari al Beni”, aseveró.