Karem Mendoza G. / Bolivia Digital

El Sistema de Información del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) registró recursos de inconstitucionalidad o consultas a tres proyectos de ley y dos leyes entre junio y agosto de este año. Dichas demandas aún están en manos de la Comisión de Admisión y que a la fecha no emitió respuesta de acuerdo a los plazos procesales establecidos.

“El TCP lamentablemente tarda mucho tiempo en contestar de forma positiva o negativa a estas consultas o por lo menos rechazándolas y no tenemos una suerte de seguridad de parte de esta institución. Estas leyes de alguna forma nos ponen en situaciones de inseguridad a los ciudadanos porque muchos esperan la promulgación de estas leyes”, manifestó el jurista Williams Bascopé.

Las normas que aún no tiene respuesta a la consulta sobre su constitucionalidad son los proyectos de Ley de Estados de Excepción (24/06/2020), Ley de Arrendamiento (13/07/2020) y la Ley Extraordinaria para garantizar la atención del subsector privado durante la emergencia sanitaria (03/08/2020), además de la Ley para el Control y Fiscalización del Endeudamiento Público y Donaciones (22/07/2020).

A estas se suma, la interposición de una acción de inconstitucionalidad concreta al artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral 026, que ingresó al sistema el 05 de agosto.

PLAZOS PROCESALES

Según el Código Procesal Constitucional, la presentación de la acción, demanda, consulta o recurso y observaciones de forma a una ley se registra en Secretaria General remitiéndose en el plazo de dos días a la Comisión de Admisión.

La Comisión tiene cinco días para observar los antecedentes originales, los cuales podrán ser subsanados por los interesados también en el plazo de cinco días. De no subsanarse, la acción, demanda, consulta o recurso se tendrá por no presentada.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos o subsanadas las observaciones hechas a la acción presentada, la Comisión en un plazo no mayor de cinco días deberá pronunciarse sobre la admisión o rechazo, señala el artículo 27 del Código.

El TCP tiene 45 días — desde la admisión del recurso — para dictar sentencia y declarar fundado o infundado el recurso.

A la fecha como se verificó en el Sistema de Información, los proyectos de ley y normas cuestionadas permanecen en la Comisión de Admisión, por consiguiente, se desconoce si fueron admitidas o rechazadas.

El experto José Velasco aseguró que ese accionar podría catalogarse como incumplimiento de deberes de parte de la Comisión de Admisión que actúa como un filtro del Tribunal Constitucional. Agregó que el incumplimiento de plazos crea incertidumbre en la población y muestra “cierta falta de organización” al interior de este Órgano.

“No podemos dejar de lado que podrían existir intereses políticos. Casi el 100% de los magistrados del actual TCP fueron elegidos el 2017 en las Elecciones Judiciales y todos fueron apadrinados por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Los 18 miembros se puede decir que han sido promocionados por el MAS. Nada raro que exista un trasfondo político”, cuestionó.

CELERIDAD Y CERTIDUMBRE

El abogado Velasco advierte que posiblemente por la emergencia sanitaria hubo una flexibilización en los plazos procesales, sin embargo, considera que el TCP debe cumplir de forma “indefectible” con los tiempos establecidos por tratarse de temas de vital importancia para la ciudadanía.

“Se debe aplicar el principio de oportunidad y celeridad. Por la pandemia se están flexibilizando los plazos, pero en este caso tomando en cuenta y considerando que son leyes que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y saber si son constitucionales o no, es urgente”, aseguró.

Bascopé coincide que el TCP debe aplicar celeridad en los procesos y agregó que el Legislativo también debe ser coherente al momento de elaborar leyes y enviarlas al Ejecutivo para no generar controversia sobre la constitucionalidad de las normas.

En ese sentido, mencionó que no es congruente mantener en suspenso la aprobación de créditos internacionales que ayudarán a la lucha contra el coronavirus o promover leyes para dar cierta impunidad a dirigentes que habrían cometido delitos como el terrorismo, instigación pública a delinquir o atentado a la salud pública. “Hay una suerte de conspiración del Legislativo”, sentenció.

“(La población) espera que ley de alquileres y otras se vayan a promulgar porque hay gran parte de la sociedad que está queriendo llegar a una suerte de conciliación. El tema del COVID no solo afectó la salud sino la economía de los bolivianos y mucha gente no va a poder cumplir sus obligaciones como el diferimiento bancario. Hay cosas que se deben discutir de inmediato. Pero veamos en que llegan el Legislativo, Ejecutivo y ahora el TCP”, agregó.