La defensa de Añez ofreció 45 testigos para enfrentar el juicio. (Foto: Archivo)

• Redacción Central / ABI/

En su afán de evadir el inicio del juicio oral en el caso Golpe de Estado II, con la presentación de 45 testigos, la expresidenta de facto Jeanine Añez no puede evadir los delitos por los que se la sindica, porque existen documentos firmados por ella como prueba.

El abogado de la exdiputada Lidia Patty, Marcelo Valdez, dijo que se presentó prueba documentada que demuestra que la exdiputada por los Demócratas de Rubén Costas violentó la Constitución Política del Estado.

“¿Qué testigos podría tener ante un documento firmado? Un documento firmado claramente es contrario a la Constitución (Política del Estado); por ejemplo, aquel decreto supremo (4078) que autoriza a las Fuerzas Armadas al uso de la fuerza, ésa es una resolución contraria a las leyes, al control de convencionalidad a tratados internacionales en materia de derechos humanos”, indicó.

Explicó que, en el marco de estas investigaciones, la exdiputada y denunciante del caso Golpe de Estado I no fue notificada, porque en este caso los denunciantes son el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado.

“El caso Golpe de Estado II es contra los funcionarios públicos, lo está llevando la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, y la gran mayoría ya están aprehendidos (…) Solamente están militares, policías y funcionarios, como el caso de la señora Añez, que hubiera firmado algo que no tenían que firmar porque ella nunca ha sido presidenta constitucional”, agregó.

Por su parte, la defensa de Añez ofreció 45 testigos para enfrentar el juicio. Se espera que hoy el Órgano Judicial emita el auto de apertura de juicio contra la expresidenta de facto, y que en el plazo de 45 días se tenga la primera sentencia.

El 30 de noviembre, en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado II, la comisión de fiscales de la ciudad de La Paz presentó la acusación formal en contra de la exmandataria de facto, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.