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• Luis Fernando Cruz /

El asalto a las arcas del Estado en 11 meses por parte del régimen de facto de Jeanine Añez y sus aliados desmontó la mentira de la lucha por la recuperación de la democracia entre septiembre y octubre de 2021, que fue impulsada por los partidos políticos de oposición y los comités cívicos encabezados por Luis Fernando Camacho.

Después de casi 14 años de estabilidad económica, política y social en el país con el Movimiento Al Socialismo (MAS), la derecha, con apoyo del secretario general la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la Unión Europea (UE), los Gobiernos de Brasil, Ecuador, Argentina, organismos internacionales, las Fueras Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana, el 12 de noviembre de 2019, impuso a Jeanine Añez como presidenta del régimen de facto.

Apenas cumplidos cuatro días de su mandato, los medios de comunicación que apoyaron la ruptura del orden constitucional y las redes sociales se encargaron de hacer conocer actos de corrupción por el personal designado por Añez.

Algunas de las irregularidades cometidas en 11 meses de asalto a los recursos de los bolivianos fueron:

SOBREPRECIO

El 16 de noviembre de 2019 se inició un negociado fraudulento que le causó al Estado un daño económico de $us 2,3 millones.

El gobierno de Morales adquiría gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor; pero el exministro de Gobierno Arturo Murillo buscó la intermediación de la empresa Bravo Tactical Solutions para la adquisición de ese armamento bélico no letal con un sobreprecio de más de $us 2,3 millones.

Murillo concretó alianza con los intermediarios para el pago de sobornos a través de entidades financieras de Estados Unidos para transferir el dinero mal habido, para que luego se depositen en sus cuentas personales.

COACCIÓN

El 21 de noviembre de 2019, Danilo Ramano juró como viceministro de Políticas Comunicacionales; una semana después presentó su renuncia ante la ministra Roxana Lizárraga por una presunta coacción del ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano. “Veo necesario aclarar que como Viceministro de Políticas Comunicacionales me negué a viabilizar ‘Consultorías Internacionales Comunicacionales’, así como el inhumano despido masivo de mi personal. Coaccionado con bajezas el Mininistro de Presidencia @jerjesja solicitó mi renuncia”, escribió Romano en su cuenta de Twitter.

“No me prestaré para que se haga uso y abuso de recursos del Estado para apoyar una tendencia política, mis principios y valores están primero, y aunque me busquen las caries que tuve, sepan que lucharemos ante cualquier tirano, sea del color político que sea”, añadió en esa misma red social.

El exgerente de Entel Eddy Luis Franco, trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en La Paz.

DESTITUCIÓN DE JUSTINIANO

Jerjes Justiniano, posesionado como Ministro de la Presidencia el 13 de noviembre de 2019, fue destituido el 3 de diciembre por Jeanine Añez. El hombre de confianza de Luis Fernando Camacho, como ministro y abogado defensor de un grupo de jóvenes acusados de violación masiva en Santa Cruz, amenazó y coaccionó a la exfiscal Nancy Carrasco con advertencias y presiones para que retire 180 pruebas acumuladas contra los involucrados.

PUGNAS INTERNAS

El 8 de enero de 2020, Juan Carlos Zuleta asumió la gerencia de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Antes de cumplir un mes, el ministro de Energías Rodrigo Guzmán lo destituyó y puso en su lugar a Gunnar Valda Vargas.

“Los potosinos otra vez nos encontramos en pie de lucha porque el Gobierno actual (de Jeanine Añez) quiere obedecer a la República Federal de Alemania. Han sacado a un experto en el tema, como es el señor Juan Carlos Zuleta, que estaba como gerente de YLB, después de un mes de posesionado”, denunció el presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel.

COBROS ILEGALES

El 17 de enero de 2020, Juan de Dios F.S., asesor de despacho del Ministerio de Minería y Metalurgia, fue detenido en el piso 14 del Palacio de Comunicaciones por cobrar altos montos de dinero a cambio de puestos laborales en esa entidad estatal.

ELIO MONTES

El 7 de febrero de 2020 fue destituido Elio Montes Chávez de la Gerencia General de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), después de 82 días de ejercer el cargo. Además de recibir un salario de Bs 30 mil mensuales como gerente, hizo pagar Bs 868.998 por finiquitos a 13 personas de su confianza que ocuparon cargos como la Gerencia Nacional de Administración Financiera, Gerencia Nacional de Atención al Cliente, Asesor de Gerencia General, entre otros. Los montos de los finiquitos oscilaron entre Bs 30.434 y Bs 96.110. Montes huyó a los Estados Unidos.

DIEZMOS

El 19 de febrero de 2020, el dueño de la empresa Vajillera y de Eventos Claris, Martín Cerruto, denunció a quien era ministra de Culturas y Turismo, Martha Yujra, por cobros ilegales a través de uno de sus funcionarios.

El 20 de febrero de 2020 fueron detenidos Henry M.D. y Eugenio H., dos funcionarios del Ministerio de Comunicación por presunto cobro de una comisión de 10% a cambio de adjudicar publicidad estatal.

CARGOS EN EDUCACIÓN

El 21 de febrero de 2020, la entonces viceministra de Educación Alternativa y Especial, Yola Nery Mamani Callisaya, fue aprehendida por la Policía luego de la difusión de un video en el que se comprobó que vendía cargos.

CRÉDITO ILEGAL FMI

Vulnerando la soberanía e intereses económicos de Bolivia, el gobierno de facto de Jeanine Añez decidió endeudar al país con un préstamo de $us 351,5 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), condicionado a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias.

El 17 de febrero de 2021, el Banco Central de Bolivia (BCB) oficializó la devolución del crédito irregular que generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado que sumaron $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

El entonces ministro de Economía, Óscar Ortiz, aseguró el 10 de septiembre de 2020 a Página Siete que los desembolsos realizados al Fondo Monetario Internacional fueron pagos por costos financieros y no por intereses. Entretanto, la Cámara de Senadores denunció que el Gobierno canceló 1,6 millones de dólares por tasa de interés de un crédito que no fue aprobado.

CORRUPCIÓN EN YPFB

En los 11 meses del régimen de facto de Jeanine Añez, la nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tuvo cuatro presidentes, todos alejados bajo la sombra de la corrupción.

El 19 de noviembre de 2019, José Luis Rivero asumió YPFB, dijo que la estatal estaba en quiebra y fue destituido; el 16 de diciembre del mismo año juró Herland Soliz Montenegro, también alejado por ilícitos; el 7 de mayo de 2020 Richard Botello, cinco meses después renunció; el 12 de octubre fue posesionada Katya Diederich.

PROCESOS

El exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora Castedo y el expresidente de YPFB Herland Soliz Montenegro enfrentan al menos tres procesos penales por presuntos delitos cuando asumieron funciones públicas.

Uno es por la contratación directa en 2019 de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones, que finalmente fue paralizada y anulada. Otro por la adjudicación del servicio de provisión de alimentos a la empresa Newrest Bolivia Soporte SRL, por un costo unitario (por trabajador) de Bs 416 por día.

CASO UMEC

El 26 de abril de 2021, la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB reveló el presunto manejo irregular de $us 1,2 millones para la ejecución del plan Unidades Médicas de Emergencia por Covid-19 (UMEC) en la estatal petrolera, durante la administración de Soliz y Zamora.

La aplicación del UMEC fue instruida por Zamora mediante Resolución Ministerial 031-2020, del 23 de marzo de 2020, pese a no tener “ninguna competencia”, por lo que esta acción “fue completamente ilegal”.

PLANTA DE UREA

El exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, el expresidente de YPFB Herland Soliz y otros cuatro exfuncionarios son procesados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la paralización de la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo, Cochabamba. Se generó un daño económico de $us 290 millones.

EMPRESAS PÚBLICAS

Los exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán fueron denunciados por la posible comisión de delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión. Se presume un daño económico por Bs 76 millones.

Los ilícitos se cometieron en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), en la Empresa Estratégica de Abonos y Fertilizantes (EEPAF), en la Empresa Boliviana de Alimentos y sus Derivados (EBA), en la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), en la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), y en Pro Bolivia.

ENTEL

El Ministerio de Obras Públicas informó el 5 de mayo que los hechos de corrupción registrados en las gestiones de los exgerentes de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Elio Montes y Eddy Luis Franco asciende a Bs 5,8 millones.

Se trata de al menos cuatro casos de malversación de fondos que se encuentran en proceso de investigación, entre ellos gastos en donaciones a comparsas carnavaleras, finiquitos a funcionarios, hoteles, alquiler de aviones privados y pago a una empresa fantasma en Perú, entre otros.

Fueron insensibles a la pandemia, compraron respiradores inservibles con sobreprecio

La pandemia por el Covid-19 no sensibilizó al régimen de facto de Jeanine Añez y sus aliados. Para ocultar su incapacidad de hacer frente al ataque del virus que paralizó al hemisferio, la usurpadora del poder junto a su gabinete gestionó la compra de respiradores españoles y chinos inservibles y con sobreprecio.

El entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, apuntó a Añez y al titular de la cartera de Gobierno Arturo Murillo por los equipos presentados a pesar de que no eran aptos para la atención a pacientes con coronavirus. El 14 de mayo de 2020 Añez y Murillo, en un acto público, entregaron 170 respiradores españoles.

Esos equipos, aparte de no cumplir con estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tenían un sobreprecio de casi 400% más que el mercado oficial.

Navajas hizo la contratación de los equipos marca Respira a través del intermediario IME Consulting. Se destinaron $us 5 millones para la compra de esos ventiladores.

El precio unitario, según la empresa fabricante GPA Innova, fue de $us 10.421 sin accesorios; sin embargo se acordó un pago de $us 27.683 a los intermediarios. Bolivia adelantó $us 2,2 millones de los $us 4,7 acordados.

Se evidenció que no eran aptos para su uso en cuidados intensivos, que estaban diseñados para ambulancias y para terapia intermedia. Además la mayoría no contaba con sus componentes para instalarlos. Uno de los implicados en la compra que fue arrestado es el excónsul de Bolivia en España Alberto Pareja.

CHINOS

El Ministerio de Salud adquirió 324 respiradores chinos a pesar de 40 observaciones técnicas detectadas, las que fueron subsanadas irregularmente con el compromiso de una compensación de otros 20 equipos, accesorios y otros beneficios.

En septiembre, la Fiscalía de La Paz admitió otra denuncia contra quien fue ministra de Salud Eidy Roca, acusada de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en un proceso que se abrió por un presunto sobreprecio en la compra de respiradores chinos durante el gobierno de facto.

El exembajador de Ciencia y Tecnología Mohamed Mostajo, prometido de la hija de Añez, también fue denunciado por presuntas irregularidades en la compra de 324 respiradores asiáticos.

Según se denunció, los equipos tendrían un costo promedio de $us 12.963 por unidad con transporte incluido, pero el régimen los compró en $us 35 mil.

Los ventiladores fueron rechazados por los profesionales en salud, por los médicos intensivistas porque no servían para la unidad de terapia intensiva.

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