El presidente de Perú, Pedro Castillo. (Foto: Sputnik)

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El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó ayer al Congreso que anule el proceso de denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, que plantea inhabilitar al mandatario por cinco años por “traición a la patria” por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.

En el documento se declara fundada la demanda de habeas corpus presentada por los abogados del Jefe de Estado, por lo que se declara la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022.

“Declarar la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022, en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del Informe Final de la Denuncia Constitucional 219, por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”, resolvió el TC.

La corte anuló así la denuncia, aprobada con 11 votos a favor y 10 en contra, por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual esperaba su ratificación por la Comisión Permanente.

El Tribunal argumentó que el informe de la subcomisión “vulnera el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”, por lo que dispone su anulación.

La decisión era previsible después de que, en una audiencia sobre el caso, integrantes del TC cuestionaron los argumentos del procurador del Parlamento, Yuri García por carecer de sustento.

Dos de los seis jueces que votaron por anular el informe, Gustavo Gutiérrez y Helder Domínguez, argumentaron además que el documento no solo afecta derechos, sino también lesiona a la institución presidencial.

La denuncia fue originalmente planteada por políticos y abogados conservadores como una forma más simple de deponer a Castillo, ante el fracaso de dos intentos de declarar la vacancia de la presidencia por supuesta incapacidad moral permanente.

El abogado del presidente Castillo, Benji Espinoza, comentó que el fallo del tribunal es histórico y correcto, pues “la denuncia constitucional por traición a la patria era un mamarracho jurídico”.