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Redacción central – Edición impresa

Existen varios antecedentes sobre cuestiones de mandato, en 1985 se dio el acortamiento constitucional y se encontró una solución, luego se tuvieron arreglos durante la crisis de 2003 a 2005, opinó ayer el analista político Iván Arias.

“Por los cambios de gobierno y la premura, no esperamos el 6 de agosto, adelantamos la posesión para el 22 de enero, como ocurrió en 2006, cuando asumió Evo Morales (iniciando su primera gestión)”, expresó Arias.

La renuncia de Carlos de Mesa, el 9 de junio de 2005, y la dimisión de los presidentes de las cámaras de Senadores Hormando Vaca Diez y de Diputados Mario Cossío, en medio del rechazo popular, hizo que Eduardo Rodríguez Veltzé, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, jure como presidente de la República.

Rodríguez, de acuerdo con la ley, fue elegido presidente para llamar a elecciones generales anticipadas en diciembre de ese año. En ese marco, el  Congreso Nacional aprobó, el 6 de julio, una ley para que los comicios se realicen el 4 de diciembre, tal como ocurrió y del cual resultó ganador Evo Morales, al que entregó el mando el 22 de enero de 2006.

 Para Arias, “esos antecedentes forman parte de acuerdos políticos que buscan ante todo enmarcarnos en la Constitución, preservar la vida y encontrar soluciones pacíficas”.

 Elecciones 

De acuerdo con la normativa vigente, el 22 de enero de 2020 tendría que asumir el binomio electo en las nuevas elecciones generales. Sin embargo, Arias considera que es muy temprano decir si se alargará el mandato de la presidenta Jeanine Áñez, que está en funciones desde el 12 de noviembre.

“La Presidenta tiene un mandato, ahora la pelota no está en el Ejecutivo, sino en el Legislativo, que tiene la tarea de agilizar los procesos de legislación en cuanto a anular la Ley Electoral, llamar a la conformación de un Órgano Electoral independiente y convocar a elecciones”, aseveró.

Arias considera que si seguimos con los tiempos que se da la Asamblea Legislativa “no vamos a llegar, perjudicando la salida que el país quiere, de expresar sus diferencias en las urnas”.

Recordó que en 1991 se eligió en menos de dos semanas una Corte Nacional Electoral totalmente creíble. “O el Parlamento se pone las pilas o la Presidenta se verá obligada a convocar a elecciones por decreto”, advirtió.

Reiteró que la única forma de pacificar el país es con una convocatoria a elecciones  y subrayó que la crisis en la que se encuentra el país se debe a un proceso electoral fraudulento (del 20 de octubre), en el  que no se respetó el voto.

“Tenemos que devolver el cauce constitucional que se hizo con la elección de la Presidenta y volver al escenario electoral que está inconcluso y ahí ver el camino que escogió el país”, remarcó.

Ley corta 

“La aprobación de una ley es la vía más rápida para dentro de la concertación  ampliar el mandato de la Presidenta hasta el momento que se posesione el nuevo binomio que resulte de las nuevas elecciones”, manifestó el abogado constitucionalista Carlos Borth.

En todo caso, refiere que lo más urgente es la aprobación  en la Asamblea Legislativa de una ley corta que haga viable la realización de las nuevas elecciones generales.

Borth dijo que de aprobarse dicha norma se impulsará la pacificación del país, pero si tardan y no hay consenso, la oposición liderada por la corriente que responde al expresidente Evo Morales se activará y fortalecerá.

 “Según cálculos más optimistas no es posible hacer una elección confiable, sería antes de la segunda mitad de marzo de 2020, no es posible técnicamente hacerlo antes, de manera que tienen que ir pensando en la solución para el mandato de la Presidenta transitoria que llega a la presidencia como senadora y cuya gestión vence el 21 de enero”, apuntó.

Para el también analista político, la aprobación de una ley es la vía más rápida para dentro de la concertación aprobar una norma y ampliar el mandato de la mandataria hasta el momento en que se posesione el nuevo binomio, que de acuerdo con sus estimaciones se podría dar a mediados de abril. 

También considera que en 10 días se puede constituir un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en un plazo similar los nueve tribunales electorales departamentales (TED). Y de no haber segunda vuelta, eliminarse al máximo el período de transición para posesionar al nuevo gobierno.

 

Aprobar una ley, opción para ampliar mandato

Los analistas políticos Iván Arias y Carlos Borth consideran, por separado, que la ampliación de mandato de la presidenta Jeanine Áñez puede encaminarse mediante la aprobación de una ley.

En todo caso refieren que lo prioritario es pacificar el país y en ese marco urge aprobar la convocatoria a elecciones generales y elegir a las nuevas autoridades del Órgano Electoral  nacional y departamentales.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó el miércoles que por sentido común es imposible efectuar los comicios generales antes del 22 de enero de 2020, por lo que hay la necesidad de ampliar el mandato del gobierno de la presidenta Áñez.

Para Coímbra “si se da este caso (de ampliar el mandato), habrá que hacer una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), hay una figura que se llama estado de necesidad constitucional, hay algunos antecedentes en nuestro país (…) El Tribunal Constitucional nos tiene que dar una  salida constitucional coherente y responsable”.

Al haberse anulado las elecciones del 20 de octubre  y la decisión de efectuar otros comicios, justificarían la ampliación del mandato presidencial y considerar la posesión del binomio ganador en otra fecha.