El pleno del Concejo Municipal durante una sesión. (Foto: Archivo)

• Naira C. De la Zerda/

Dos leyes municipales recientemente aprobadas buscan fiscalizar la gestión del alcalde de La Paz, Iván Arias. La primera lo obliga a remitir al Concejo las concesiones de servicios municipales para ser aprobadas, y la otra permitirá que se inicien auditorías a anteriores gestiones.

El viernes pasado, en una polémica sesión a la que no asistió ninguno de los cinco concejales de Por el Bien Común, partido político de Arias, se aprobaron estas normas diseñadas por la bancada del Movimiento Al Socialismo.

La Ley Municipal de Control y Transparencia de las Concesiones Municipales determina que cada adjudicación debe ser aprobada primero por el Concejo Municipal y solo después de esta validación se podrá iniciar el proceso mismo de adjudicación.

Además, cada contrato debe, también, ser revisado y consentido en esta misma instancia, lo que asegura que los miembros elegidos tendrán conocimiento pleno de las características y condiciones de cada firma, informó la concejala Roxana Pérez Del Castillo.

“Vamos a tener varios candados que nos permitan asegurar que el municipio de La Paz no sea privatizado y no se promuevan los beneficios particulares por encima de los intereses y derechos de los paceños”, complementó la autoridad electa.

Además de esta norma, también se aprobó la Ley Municipal de Fiscalización, que reemplaza a una versión anterior que, según Pérez Del Castillo, fue dejada sin efecto por una instrucción del burgomaestre hacia su bancada.

“Esta ley es absolutamente necesaria para transparentar y obligar a la rendición de cuentas del ejecutivo edil —que hasta ahora se ha negado rotundamente a esto—; por lo tanto, con esta aprobación se reencauza en el orden constitucional”, afirmó.

Entre los aspectos más importantes de esta normativa, que está compuesta por 32 artículos, está el hecho de que los pedidos de información al ejecutivo edil ya no serán sugerencias, sino pedidos obligatorios.

Asimismo, se abre la puerta a que se realicen auditorías a las gestiones municipales anteriores para recabar información que pueda ser útil en los diferentes procesos judiciales que se siguen a autoridades anteriores, por diferentes irregularidades.

Para evitar que alguna de las leyes sea modificada o eliminada, cuatro quintos del Concejo Municipal deberán mostrar su deseo de que así sea, con un voto aprobatorio.

Lourdes Chambilla, concejala de Somos Pueblo, también votó a favor de esta norma, situación por la cual sufrió acoso político, denunció el martes.

Ante esto, Pérez Del Castillo afirmó, en La Razón Radio, que se tomarán las acciones necesarias para garantizar su seguridad.