Comunicado de la APDHB.

Guadalupe Castillo/ Ahora El Pueblo digital/

Mediante un comunicado público, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) anunció auditorías a las gestiones de Amparo Carvajal para efectuar las acciones judiciales y administrativas que correspondan.

Según el documento, Carvajal dejó de ser presidenta de la APDHB como efecto de decisión del Congreso de diciembre 2021, por tanto, actualmente, no tiene representación de esta organización.

El comunicado firmado por Édgar Salazar Limachi, quien preside actualmente esa instancia señala que: “La legitima APDHB recuperó el NIT (Número de Identificación Tributaria) de Impuestos internos a fin de asumir la responsabilidad de preservar y administrar el patrimonio bajo su dominio, realizar el registro en Derechos Reales, no efectuado hasta ahora por la apócrifa que sigue reclamando representación que no le corresponde”.

Asimismo, refiere que Carvajal “nunca rindió cuentas económicas, menos de gestión, ni de actos realizados en defensa de las víctimas de las masacres de Añez, ni tampoco de los inmuebles que le toco administrar”.

De acuerdo al comunicado, las dos últimas actuaciones de la APDHB en favor de la democracia e institucionalidad fueron la demanda de Acción de Cumplimiento presentada ante la Sala Constitucional Cuarta para la inmediata elección, designación y posesión de la Defensora o el Defensor del Pueblo, “ante el incumplimiento de deberes y conducta renuente de los asambleístas de llegar a un acuerdo, despojados de todo interés partidario, para alcanzar los 2/3 de votación, hasta hoy incumplida”.

También señala que “se apersonó como tercer interesado ante la Sala Constitucional Segunda para impedir que los violadores de los derechos humanos de la ruptura del orden constitucional de 2019 (masacres de Sacaba, Senkata, Pedregal y Huayllani, además de torturas y detenciones ilegales), salgan impunes de sus delitos”.

De igual forma denuncia que en “esa Sala Constitucional, el abogado Jorge Valda, defensor del cuestionado y violento Comité Pro Santa Cruz, de la presidenta de facto Jeanine Añez e imputado por diez años por ganancias ilícitas, presentó una Acción Popular en defensa de presuntos derechos e intereses colectivos, que serían, según él, las libertades de los que actualmente están siendo juzgados por una serie de delitos de lesa humanidad, daño económico al Estado y atentados a los recursos naturales, cometidos durante la ruptura del orden constitucional y el gobierno de facto de Añez y sus ministros, además de jefes militares y policiales”.

“Si bien hasta los delincuentes tienen derecho a la defensa, Valda actúa nada menos como ‘asesor’ de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, nombrado como tal por la deslegitimada Amparo Carvajal; quién a su vez, figura como testigo principal de la demanda del abogado”, alerta la APDH.

También cuestiona que “Carvajal y sus cómplices, como Carlos de Mesa, Waldo Albarracín, Manuel Morales, y otros, antes, durante y después de la ruptura del orden constitucional de noviembre de 2019, nunca defendieron ningún derecho humano afectado por los grupos de paramilitares movilizados en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y La Paz”.