La presidenta de facto Jeanine Añez junto con su gabinete de ministros en el Palacio de Gobierno. (Foto: Archivo)

Redacción Central /

Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en junio de 2020 presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los entonces ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

La decisión fue asumida luego de constatar el daño económico a través de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos antidisturbios y antimotines con el Decreto Supremo N° 4090 del 3 de diciembre de 2019, después de gestiones que se iniciaron el 12 de noviembre, el día en que Jeanine Añez inició su mandato de facto.

Las diputadas Elvira Rojas, entonces presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas; Sonia Brito, Ayda Villarroel, Juana Quispe y los asambleístas Édgar Montaño, Remberto Calani y Franklin Flores plantearon en su momento la demanda.

PAGO

De acuerdo con la denuncia, Bolivia pagó $us 5,6 millones por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través del intermediario Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos, después de suspender un proceso de compra directa con la brasileña Cóndor.

El entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, demandó a la Fiscalía esclarecer el ilícito y anunció la conformación de una Comisión Mixta para investigar el caso. “Estamos hablando de recursos económicos que son del Estado en desmedro de la economía nacional. Sabemos que los intermediarios trabajan por intereses propios, es mejor ir a la empresa donde se produce el producto”, sostuvo.

A su vez, el diputado Franklin Flores dijo que la denuncia busca que los responsables del acto de corrupción sean procesados y que se ponga fin a los escándalos del régimen de facto de Jeanine Añez.

“Hemos presentado esta denuncia por corrupción contra el ministro del terror (Gobierno) Arturo Murillo y su testaferro ministro (de Defensa, Fernando) López, porque se está haciendo un trabajo sucio”, manifestó.

El ministro de Defensa del gobierno de facto, Luis Fernando López.

LÓPEZ LO NIEGA

El 4 de junio de 2020, el que era en ese momento ministro de Defensa, Luis Fernando López, negó sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y dijo que la denuncia es falsa porque se hizo en base a documentos de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela para comparar los precios.

Aseguró que la granada de gas adquirida por Bolivia es más grande y de mayor gramaje que la de Venezuela. Además dijo que la compra venezolana es de 2017, mientras que el país la hizo entre 2019 y 2020. “Con esto estamos demostrando que no existe ni existió ningún tipo de sobreprecio”, afirmó.

MURILLO LO NIEGA

El 24 de junio, Arturo Murillo se comprometió a apoyar la investigación fiscal por el supuesto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. “Me parece muy bien, es lo correcto, la Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones y yo estoy para explicar lo que quieran que explique. No tengo ningún problema de acudir a ninguna parte. Cuando uno nada tiene, nada teme”, aseguró.

2,3 millones de dólares es el daño económico al Estado por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio en 2019.

CONTRALOR DESTITUIDO

El 18 de septiembre de 2020, la presidenta de facto Jeanine Añez destituyó a José María Cabrera Dalence como procurador general del Estado por investigar la compra irregular con sobreprecio de armamento bélico no letal que involucra al ministro de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López.

“Murillo pide mi alejamiento porque en mi calidad de Procurador lo denunciamos en su momento ante la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, que indagaba el caso gases lacrimógenos. Apenas concluí mi informe, Murillo muy molesto le reclamaba a Jeanine Añez mi destitución por este caso, porque lo estaba incomodando por las denuncias de los hechos irregulares”, declaró.

MINISTERIO PÚBLICO

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, después del arresto de Arturo Murillo y Sergio Méndez, investigados por soborno y lavado de dinero, dijo que el 8 de junio de 2020 inició la indagación a las observaciones e irregularidades en la compra de armamento no letal a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions.

“Se indagó sobre partícipes que intervinieron y se ha pedido información sobre el proceso de contratación íntegro a los dos ministerios. En octubre de 2020, el Ministerio Público, además de colectar la información, ha recibido declaraciones informativas de los rangos altos y medios de la empresa Cóndor, que ha aprovisionado los gases a la intermediaria”, precisó.

INTERPOL

Quispe señaló que la Interpol ha sido uno de los obstáculos del Ministerio Público porque no ha dado curso a sus solicitudes de notificación azul para establecer la ubicación del país donde se encuentran Murillo y López, porque en su razonamiento se trata de una persecución política.

Así como la excanciller Karen Longaric que “ha sido otro obstáculo para que no cumplamos con la identificación o el lugar donde estaban Murillo y López, porque pese a las cartas cursadas a Interpol y la Cancillería, ambas instituciones no han dado fruto, porque dijeron que eran persecuciones políticas, ésa ha sido su máxima bandera y nos impidió avanzar”, sostuvo.

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