Por: Armando Aquino Huerta/

El Estado democrático, como sociedad jurídica y políticamente organizada, para ser gobernada pacífica y armónicamente, velando por su seguridad interna y externa, requiere de autoridades administrativas legalmente designadas, para que cumplan y hagan cumplir su Constitución Política del Estado, las Leyes, Convenios y Tratados Internacionales, en todos sus órganos e instituciones; y para proteger los derechos fundamentales y Derechos Humanos de las personas —del pueblo—, necesita del Fiscal y Policía que son esencialmente la AUTORIDAD PARA APREHENDER A LOS DELINCUENTES… que han cometido delitos de feminicidio, asesinato, violación, sedición, racismo, discriminación, terrorismo, privación de libertad y otros, para ponerlos a disposición del Juez penal (cautelar) que es la Autoridad Judicial capaz de disponer la detención preventiva, detención domiciliaria o libertad del aprehendido –detenido-, aplicando la Ley 1970; caso contrario la vida sería caótica, insegura, peligrosa e inestable, y la arbitrariedad podría imponerse a la legalidad y la justicia. Por ello, el título del presente artículo resulta adecuado para analizar.

Casi todos los “feminicidas” —delincuentes que matan a mujeres— han sido aprehendidos y detenidos preventivamente, pero pocos tienen sentencia ejecutoriada por la increíble retardación de justicia no sancionada; similar situación ocurre con “asesinos” y “violadores” —delincuentes que matan y violan a las personas—. Realidad que muestra el trabajo positivo de Fiscales y Policías que aprehender -detienen- a los delincuentes, pero algunas autoridades judiciales disponen su libertad; cuya retardación de justicia y libertad, no deja de preocupar cuando existen indicios y pruebas suficientes contra los autores de los delitos.

Pero inexplicablemente, muchos de los autores y participes del golpe de estado de 2019 y gobierno de facto de Jeanine Añez, que han cometido MASACRES, EJECUCIONES SUMARIAS, VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, RACISMO, DISCRIMINACIÓN, TERRORISMO y SEDICIONES, aún no han sido aprehendidos ni detenidos preventivamente y siguen cometiendo delitos de DISCRIMINACIÓN, RACISMO, SEDICIÓN y otros ATRIBUYÉNDOSE LOS DERECHOS LOS PUEBLO lo que también es delito tipificado por el Art. 124 del Código Penal; realidad que hace ver, que la AUTORIDAD PARA APREHENDER A LOS DELINCUENTES…, no está cumpliendo con sus facultades y atribuciones previstas en la Ley 1970 y la Ley 260. Situación que urge enmendar; porque con los delincuentes referidos y otros en libertad cometiendo todos los días delitos a gusto y placer, la vida sería horrorosa y tenebrosa para hombres y mujeres de todas las edades, ricos y pobres; peor aún si la seguridad interna y externa del Estado se pone en peligro, cuando los politiqueros cometen delitos y siguen libres.

Como se ve, La AUTORIDAD PARA APREHENDER A LOS DELINCUENTES…, es vital para la convivencia pacífica y armónica en la sociedad; por ello es hora de que se ordené la aprehensión de los golpistas Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Carlos D. Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y otros, que están obstaculizando la averiguación de la verdad de los delitos cometidos, inclusive acogiéndose al silencio —regla principal de la MAFIA SICILIANA—; cuya aprehensión y detención preventiva están exigiendo las víctimas de Sacaba, Senkata, Pedregal, Huayllani, Ovejuyo y otros lugares, desde el 2019 hasta el presente. “SI NO SE SANCIONA LOS DELITOS SE FAVORECE A LA DELINCUENCIA”. (Armando Aquino Huerta es abogado penalista)

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