El alto mando militar que exigió la renuncia del presidente constitucional junto con la presidenta de facto Jeanine Añez. (Foto: Archivo)

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El abogado y experto en derechos humanos de la Universidad de Harvard de Estados Unidos Thomas Becker dijo que la comunidad internacional tiene “muy claro” que en Bolivia no hubo una transición democrática en 2019, porque un presidente no puede renunciar bajo amenazas.

“Para la comunidad internacional está muy claro que legalmente no fue una transición democrática. Cuando un presidente tiene que renunciar bajo amenaza, no es una transición democrática”, manifestó en una entrevista con la agencia de noticias internacional Sputnik.

Becker está vinculado a la población de El Alto desde antes de la masacre de Senkata. Lleva varios años representando legalmente a víctimas de la denominada Guerra del Gas (2003) en juicios contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) en Estados Unidos, donde vive exiliado desde 2003. El experto agregó que “cuando hay grupos privados, como miembros de la Iglesia, de la oposición, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, que no son elegidos, pero deciden quién va a ser presidente, eso no es una transición democrática”.

Además observó que los golpistas no siguieron la sucesión constitucional trazada previamente en 2005, cuando renunció quien entonces era presidente, Carlos Mesa, su vicepresidente, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados.
En ese momento, el Congreso deliberó y tuvo que cumplir el mandato Eduardo Rodríguez Veltzé, quien hasta entonces era presidente de la Corte Suprema.

El presidente improvisado llevó adelante el proceso electoral hasta que Morales ganó la Presidencia, a finales de 2005.
“Según la ley boliviana, hay cuatro personas que pueden ser presidentes. Después de esta línea, la Cámara tiene que decidir qué se hace”, tal como ocurrió tras la renuncia de Mesa y sus sucesores, añadió.

“Un grupo de civiles ha ignorado este precedente, lo ha rechazado, y ha decidido que iban a nombrar a Añez. Eso no es democrático. Más allá de que si hubo fraude o no, o si Evo Morales es Dios o el diablo, no pueden hacer una transición como la que hubo. Por eso la comunidad internacional sostiene que fue un golpe”, señaló.

A su juicio, “las instituciones más importantes de derechos humanos han investigado y todas han visto estas vulneraciones de derechos. Han visto que hubo masacres en Sacaba (Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019), en Senkata (El Alto, el 19 de noviembre de 2019), y la persona a cargo de las tropas era Añez”.

“Muchas personas ahora intentan politizar su detención, pero ella ha cometido violaciones de derechos humanos y las víctimas merecen justicia”, expresó el abogado.

De acuerdo con el especialista de la Clínica Internacional de Derechos Humanos —IHRC, por su sigla en inglés— en Harvard, entidades como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional, la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras instituciones globales, “han documentado la violación muy extrema de derechos humanos durante el gobierno de Añez”.

El experto presentó los argumentos luego de que la expresidenta de facto Jeanine Añez (2019-2020) volvió a manifestarse en las redes sociales para defender su inocencia como “presa política”, frente a las nuevas investigaciones anunciadas por la Fiscalía de Bolivia. Tales procesos judiciales se suman a las acusaciones por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019.

El gobierno de facto dejó 37 asesinados por balas policiales o militares durante las protestas sociales luego de la asunción de Añez.

Sin embargo, la expresidenta y exsenadora por el departamento de Beni (centro-norte) remarca que aún no se presentaron pruebas de que haya tomado el poder ilegalmente desde su arresto el 13 de marzo.

Acoso contra especialistas del MIT en EEUU

Días atrás, el medio estadounidense The Intercept reveló que desde octubre de 2020 hasta enero de 2021, representantes del Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump habían hostigado mediante correos electrónicos a Jack R. Williams y John Curiel, especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés).

Williams y Curiel habían realizado un estudio de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, que fueron anuladas ante denuncias de fraude contra el MAS. Los investigadores demostraron que el proceso había sido limpio, con lo cual contradecían al informe presentado por la OEA, que justificó la actuación de los sectores golpistas.

Con amenazas permanentes de llamarlos a declarar, el Departamento de Justicia habría desincentivado que otros investigadores analizaran lo que realmente ocurrió en Bolivia durante los días previos y posteriores al golpe contra Morales, según denunció The Intercept.