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Gonzalo Pérez Bejar – Edición impresa

El Gobierno de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron ayer un acuerdo para conformar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Derechos Humanos que tendrá la tarea de investigar los hechos de violencia registrados en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este año.

El grupo estará integrado por cuatro personas que serán designadas por la CIDH y además contará con un equipo técnico, con el cual realizarán su trabajo durante un período de seis meses.

En virtud del acuerdo —firmado por la canciller Karen Longaric y el secretario general de la CIDH, Paulo Abrao—, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes “estará facultado para actuar como coadyuvante en las investigaciones, así como recomendar a las instancias pertinentes las denuncias penales para la persecución del delito que corresponda ante las autoridades competentes, de conformidad con la normativa boliviana vigente”.

La invitación a la CIDH fue realizada luego de que se conoció el martes el informe preliminar del organismo, realizado a partir de la visita efectuada entre el 22 y 25 de noviembre al país y que para el Ejecutivo “no se ajusta a la verdad de los hechos”. La Canciller dijo que la comisión internacional de expertos debe “ampliar el proceso de investigación sobre la presunta violación de derechos humanos en Bolivia”.

La CIDH visitó las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba entre el 22 y 25 de noviembre.

La delegación, presidida por Abrao, “sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado de los niveles nacional y territorial, de todas las ramas del poder público, se encontró con amplios grupos de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, recibió sus testimonios y documentación; también visitó hospitales, centros de detención, despachos defensoriales y comunidades afectadas por la violencia”. De acuerdo con el reporte del organismo, “36 personas perdieron la vida en Bolivia”.

“Durante su visita, la delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas”, cita el informe.

Los hechos se registraron luego de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre.

La CIDH advirtió “que se trata de hechos de violencia extremadamente graves, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales, en un contexto de zozobra y conmoción social, en el que han surgido distintas versiones de lo ocurrido”.

Además sostuvo que “no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Por lo tanto, en criterio de la CIDH se trata de una situación típica en la que se plantea al Estado la necesidad de permitir la instauración de una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos, para coadyuvar a las autoridades nacionales en dicho cometido, por parte de un grupo internacional de expertos independientes”.

El Ejecutivo descalificó el informe preliminar pues lo consideró “inconsistente”, “injusto”, “sesgado” y “unilateral”.

El acuerdo establece que el grupo de expertos elaborará planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades, también el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y análisis técnicos del plan de atención integral a las víctimas de los hechos ocurridos.

Longaric destacó que se tratará de la primera visita in loco que realizará la CIDH al país, lo que no sucedió en el gobierno del expresidente Morales.

“Nos sentimos conformes porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su secretario ejecutivo, ha aceptado esto y se va a realizar en los próximas días o semanas”, apuntó.