Por: Lía Pinheiro Barbosa /

El próximo 2 de octubre se llevará a cabo el pleito electoral en Brasil para elegir la Presidencia de la República, gobernaciones y legisladores del Senado Federal, la Cámara de Diputados Federal y de Diputados Estaduales. En la encuesta de intenciones de votos, publicada el 21 de septiembre, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaba con 44% y Jair Bolsonaro (PL) con 34%.

En 2018, Bolsonaro ganó las elecciones bajo un discurso abiertamente misógino, antifeminista, homofóbico, racista, antidemocrático, de oda al golpe militar y al armamento civil. En 2022, Bolsonaro está en 2º lugar en las encuestas a pesar de que el saldo de su gestión sea el retorno de Brasil al mapa del hambre, con 33,1 millones de personas en condición de extrema inseguridad alimentaria, una pésima conducción sanitaria de la Covid-19, basada en el negacionismo y en el anticientificismo, con casi 686.000 muertos, el quiebre de la institucionalidad pública, con el debilitamiento presupuestario de instituciones y de políticas públicas, sobre todo para la Seguridad Social, el Medio Ambiente, la Educación y la Salud, el incremento del feminicidio, de la violencia urbana, en el campo (en los territorios indígenas y campesinos), además del incremento del carácter extractivista de la política ambiental, lo que afecta directamente la Amazonia y los biomas del país.

Interpretar ese escenario político requiere situar a las problemáticas irresolutas de la historia social y política de Brasil:

1) La hegemonía política del patronato rural;

2) La persistencia de la dialéctica colonial en la negación de derechos y en la legitimación de la violencia hacia las poblaciones racializadas del país; y

3) La dificultad de consolidación de la democracia en los planes ideológico y político, después del periodo de las dictaduras militares.

Frente a ese escenario, las elecciones adquieren el estatuto de defensa de la democracia y de pugna de la persistencia de la dialéctica colonial y del capitalismo predatorio. En la contraofensiva institucional para el enfrentamiento del avance de las fuerzas fascistas y en la defensa de los territorios, los movimientos populares articularon, además de la unidad política para apoyar a Lula, la estrategia de lanzar candidaturas propias, de manera coordinada, especialmente los movimientos campesinos, indígenas y negros.

Entre ellos destacamos aquellas de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) con 182 candidaturas de 45 etnias, con 56 coligaciones partidarias, de centroizquierda y progresistas, para componer una “Bancada de la Tierra”.

Asimismo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) lanzó 15 candidaturas y los sectores del Movimiento Negro, articulados por la Coalición Negra por Derechos – “Quilombo en el Parlamento” también lanzaron sus candidatos. Esa articulación objetiva consolida una hegemonía popular en contraposición a la hegemonía del patronato rural en el Congreso Nacional.

En los días previos a las elecciones, Lula y Bolsonaro trazan estrategias para lograr nuevos electores, en una carrera por el “voto útil” de aquellos que no tienen un candidato como primera preferencia; o aun entre el electorado femenino. En ese caso, la primera dama, Michele Bolsonaro, ha sido una aliada potente para convencer a las mujeres evangélicas.

Indubitablemente el país está polarizado y esas elecciones corren el riesgo de actos de violencia. Al final del 2 de octubre, lo decisivo del proceso electoral reside en tener la certeza que, más allá de quien sea elegido, es urgente una transformación moral y ética de la sociedad brasileña, en que se supere la dialéctica colonial-capitalista, imprescindible a un verdadero proceso democrático. (Telám).