La más cara inversión hecha por el Estado boliviano desde 1825, la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo, está sin operar desde septiembre del año pasado porque ha demostrado que se trata de una operación antieconómica: cuando opera pierde dinero.

En los primeros doce meses de estar operando, la planta perdió 43 millones de dólares, por lo que los responsables de su funcionamiento decidieron, ya en el gobierno del cocalero Morales, parar operaciones.

La planta costó 963 millones de dólares, pero su costo pasa de los 1.000 millones si se contabilizan los pagos hechos por el gobierno del cocalero a la empresa china que debía construir el ferrocarril hasta Montero, para que desde allí la carga siguiera hasta los mercados de consumo, que están en Brasil y Argentina.

Pero la empresa china no cumplió su compromiso a pesar de haber recibido pagos adelantados, pagos que le fueron entregados por la señorita Gabriela Zapata, alguna vez amante del cocalero Morales y que llegó a manejar carteras de hasta 700 millones de dólares.

La planta, como lo saben todos los bolivianos, no debía haber sido emplazada en el lugar donde está porque su producción iba a tener como destino los mercados de Brasil o Argentina, que son los mayores consumidores de urea de Sudamérica. Debía haber sido levantada en la frontera con Brasil o en la frontera con Argentina, pero nunca en la mitad del territorio boliviano, lejos de toda frontera y demasiado cerca de los cultivos de coca de Chapare.

La urea es usada como fertilizante para los cultivos de coca pero se ve que una planta que cuesta 1.000 millones de dólares y su capacidad de producción es de 2.100 toneladas de urea por día, nunca debió haber sido construida.

Antes de que sus operaciones fueran frenadas, la planta estaba usando solamente 8% de su capacidad instalada, precisamente porque no podía llevar el producto al exterior y el consumo nacional del fertilizante es muy reducido.

Todo esto se hubiera podido evitar si el gobierno del cocalero Morales hubiera cumplido con la ley que obliga a todo gobierno a ordenar estudios de factibilidad , e incluso de prefactibilidad, antes de decidir una inversión, y sobre todo si se trata de la mayor inversión de la historia de Bolivia.

También hubiera podido escuchar la opinión de los expertos, que le recomendaron instalarla en otro lugar porque Bulo Bulo no reunía las condiciones. Pero se ve que primaron otras consideraciones, como ser el pago de jugosas comisiones de parte de los proveedores.

Ahora, el país tiene que pagar los 1.000 millones de dólares de la inversión y los salarios de 200 empleados, que ganan sin hacer nada. Se trata de algo por lo que el cocalero Morales deberá responder ante la justicia.