El procurador general del Estado, José María Cabrera. (Foto: Ministerio de la Presidencia)

Erika Ibargüen A. / Bolivia Digital

El procurador del Estado, José María Cabrera, que anunció el inicio de una investigación independiente, jurídica y objetiva, reiteró que se recuperará centavo a centavo todo lo erogado.

«Se recuperará cada centavo dispuesto para la compra de los 170 respiradores, sin duda alguna, al igual que se hizo con el caso de Entel, en el que se restituyó el 100% de los finiquitos que en ese momento se pagaron de manera ilegal. En este caso (compra de equipos), el 50% que no erogó el Estado boliviano como segunda instancia de pago, no será entregado”, afirmó la autoridad.

Cabrera dijo que se ordenaron las retenciones de las cuentas bancarias y las anotaciones preventivas e hipotecas en Derechos Reales, entre otros, para garantizar la recuperación de recursos.

Agregó que la ley permite utilizar muchos canales y mecanismos para el congelamiento de los activos hasta que las autoridades pertinentes determinen la ilegalidad de esta situación, en caso de que puedan comprobarla, de esta manera se restituirá el 100% del daño económico al Estado.

La autoridad recordó que por datos preliminares se conoce que el daño económico al país por el sobreprecio en la compra de respiradores excede los 2 millones de dólares.

“Pero además del daño económico está el daño moral, ya que en plena crisis de la cuarentena, cuando todos hicimos un sacrificio y esfuerzo para contener esta pandemia, se dieron estos hechos de corrupción en una materia tan sensible como es la salud”, reflexionó.

Aseguró que la Procuraduría General del Estado garantizará que todas las instituciones cumplan su papel constitucional y legal para que el pueblo boliviano quede satisfecho en su demanda de conocer la verdad en el tiempo más corto posible.

La Procuraduría General del Estado activó ayer una investigación en la Cancillería, el Ministerio de Salud y la estatal Aisem (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico) por la denuncia de sobreprecio en la compra de respiradores españoles para combatir el COVID-19.

El caso derivó en el alejamiento del cargo del ministro Marcelo Navajas.

Según Cabrera, el objetivo es establecer en el corto plazo las responsabilidades sobre las denuncias de hechos irregulares entorno a la adquisición de los 170 respiradores.