Familiares de las víctimas de la masacre de Senkata llevan los ataúdes hasta la sede de gobierno, en 2019. (Foto Archivo)

Bolivia

El 2019 se constituyó en uno de los años más dramáticos que vivieron los bolivianos. En octubre, grupos y partidos de derecha se movilizaron luego de ser derrotados en las elecciones nacionales.

Con la complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) promovieron violentas protestas, a lo que se sumó un motín policial y la insubordinación militar, elementos que obligaron al entonces presidente constitucional, Evo Morales Ayma, a dimitir, consumándose de esta forma el golpe de Estado.

 EL 12 de noviembre, la senadora opositora Jeanine Añez se autoproclamó presidenta interina en una sesión legislativa sin quórum en el Senado por lo que ésta fue ilegal. Los golpistas recurrieron a la violencia para permanecer en el poder y el país vivió días de represión y muerte con las masacres de Senkata, Sacaba, Pedregal y Huayllani.

El régimen de Añez estuvo caracterizado por violaciones a los derechos humanos y persecución política liderada por sus ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López. Se cometieron casos de corrupción, como la compra de respiradores con sobreprecio en plena pandemia, a lo que se sumó un mal manejo de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, que cobró la vida de más de 8 mil bolivianos durante su gestión de gobierno.

Luego de postergar las elecciones nacionales dos veces, las movilizaciones populares obligaron a Añez a convocar a comicios para el 18 de octubre de 2020, donde el candidato del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS- IPSP) Luis Arce resultó electo presidente del Estado, con el 55% de los votos, restaurando así la democracia.

Los informes documentan las masacres y abusos

Expertos internacionales se encargaron de documentar y denunciar las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de facto de Jeanine Añez, que se autoproclamó presidenta luego del golpe de Estado en noviembre de 2019.

 Poco después, en el régimen de Añez se cometieron las masacres de Sacaba y Senkata, las cuales dejaron un saldo de al menos 20 muertos por impacto de bala. Al respecto, la Universidad de Harvard, a través de la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, en inglés), concluyó que los policías y militares abrieron fuego sin previo aviso contra civiles desarmados. Además de estos asesinatos se incluyen torturas, muchas de ellas con ayuda de grupos paramilitares armados, los cuales “actuaron en vecindarios, hospitales y escuelas cercanas al lugar de la matanza, donde acosaron, golpearon y detuvieron” a decenas de personas.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también señala detenciones arbitrarias. La institución se pronunció condenando “de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos”.

Condenó al grupo paramilitar Resistencia K’ochala, compuesto por jóvenes “armados y motorizados, al que se ha señalado constantemente por participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad”, indica parte fundamental del informe.

Finalmente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) se encuentra trabajando desde el 23 de noviembre del año pasado en una reconstrucción de los hechos, entrevistando a las víctimas, allegados, sindicados y otros actores. Uno de sus miembros, Jaime Vidal Melero, afirmó que el país necesita garantizar el derecho a la justicia por los hechos de violencia cometidos durante ese periodo de tiempo.

Defensoría: Añez cometió crímenes de lesa humanidad

La Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, que tiene como conclusión que la expresidenta de facto Jeanine Añez cometió crímenes de lesa humanidad al incurrir en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.

El documento señala que las muertes en ambas localidades se constituyen como masacres “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de la población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad.

La Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por su sigla en inglés), perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) denunciaron la crueldad de las masacres de Senkata y Sacaba con el informe titulado: ‘Nos dispararon como si fuésemos animales’.

En el informe se relata cómo militares y policías dispararon sin previo aviso contra civiles desarmados, incluyendo a los que socorrían a los heridos. El informe señala los sucesos como uno de “los periodos más letales y represivos de las últimas décadas en Bolivia”, y alerta sobre “el miedo creciente generado en comunidades indígenas y personas críticas con el gobierno”.

Familiares de las víctimas de la masacre de Senkata minutos antes de ser reprimidos por las fuerzas policiales y militares. (Foto: RRSS)

Las negociaciones para consumar el golpe de Estado

Reuniones y negociaciones secretas fueron los espacios en los que grupos derechistas planificaron el golpe de Estado en noviembre de 2019, según reseñó la cadena internacional Telesur.

El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho convocó a las Fuerzas Armadas y a la Policía a “ponerse del lado de la gente” y le pidió la renuncia al entonces presidente Evo Morales. Días después, tres unidades policiales se amotinaron en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz y también la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba, con lo que el golpe de Estado estaba en curso.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín participó en encuentros con miembros de representaciones internacionales, incluso la Iglesia Católica, donde se planificó la asonada. Carlos Mesa, principal contrincante electoral de Evo Morales, derrotado en las elecciones de 2019, desconoció los resultados y promovió la quema de sedes de tribunales electorales.

El cuestionado papel de la OEA

En su informe final sobre las elecciones nacionales de noviembre de 2019, los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionaron los resultados en 86 centros de votación, consideraron que arrojaban apoyo al Movimiento Al Socialismo (MAS) de 91% en promedio, lo que representaba un comportamiento “inusual” que amplió definitivamente la ventaja de Morales sobre Carlos Mesa al final del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), recuerda la agencia internacional Sputnik.

 “Con los resultados preliminares del 18 de octubre a la vista, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) decidió poner a prueba la validez del informe de la OEA de 2019, comparando los resultados de 2020 en los 86 centros de votación cuestionados un año anterior.

El resultado arrojó que, lejos de disminuir, el apoyo al MAS en esos circuitos pasó de 91% promedio a 97%”, agrega la nota. Esos datos desnudaron la falaz tesis del fraude electoral y el papel que Luis Almagro, secretario general de la organización, desempeñó en la crisis de noviembre de 2019.

Vulneración de derechos

-Según el informe de la Defensoría, a los 20 fallecimientos de las masacres de Sacaba y Senkata se suman otros siete en Santa Cruz; en Betanzos (Potosí); y en Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa (La Paz).

-El informe de la Universidad de Harvard titula: ‘Nos dispararon como a animales’, ante la represión del régimen de facto. El informe de la CIDH concluyó que existían detenciones arbitrarias, torturas extrajudiciales y grupos paramilitares durante el golpe de 2019.

-El informe de la Defensoría concluye que la presidenta de facto Jeanine Añez cometió delitos de lesa humanidad en las masacres de Senkata y Sacaba.

-El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentará un informe luego de seis meses de investigación sobre los hechos ocurridos. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reveló en diciembre que se descubrió una estructura de persecución política que operaba a partir del Ministerio de Gobierno, en la gestión de Jeanine Añez.

-Esa estructura sembraba pruebas y armaba casos judiciales en contra de periodistas y dirigentes sociales sin tener sustentos legales ni garantizar el debido proceso, vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de las personas.

-La Defensoría del Pueblo denunció 1534 detenciones que se produjeron en diferentes momentos del conflicto entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre de 2019. Uno de los casos más graves fue el de Patricia Hermosa, jefa de gabinete del expresidente Evo Morales.

-Fue encarcelada, a pesar de estar embarazada, por sostener conversaciones telefónicas con el exmandatario. Estuvo presa por más de siete meses y perdió su embarazo.

El largo camino para retornar a la democracia

10 de noviembre de 2019. El expresidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma fue obligado a renunciar y a salir del país, acusado de fraude en las Elecciones Generales del 3 de octubre, en las que obtuvo el primer lugar.

10 de noviembre. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman sugirió a Evo Morales que renuncie. Efectivos policiales protagonizaban motines en todo el país.

12 de noviembre. Jeanine Añez, senadora por la alianza política Unidad Demócrata (UD) se autoproclamó presidenta del Estado en una sesión que no tenía el quórum reglamentario.

15 al 19 de noviembre. Las movilizaciones populares de resistencia fueron contrarrestadas con violenta represión, en hechos conocidos como las masacres de Sacaba, Senkata, Pedregal y Huayllani, donde se lamentó la pérdida de vidas de bolivianas y bolivianos.

Marzo de 2020. El país y el mundo fueron golpeados por la pandemia de Covid-19. El gobierno de facto ordenó estrictas cuarentenas que le favorecieron porque inmovilizaron a la población.

Agosto de 2020. Frente a la crisis económica y sanitaria, el pueblo boliviano retomó las calles y obligó al gobierno de facto a convocar a elecciones inmediatamente.

18 de octubre de 2020. El Movimiento Al Socialismo (MAS), con Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, ganó con 55,1% de los votos.

8 de noviembre de 2020. Con la asunción a la presidencia de Arce Catacora, Bolivia retornó a la democracia.

Luis Arce Catacora y David Choquehuanca asumen la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
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