Los respiradores españoles, cuya compra está en el ojo de la tormenta y es investigada por el Ministerio Público y Policía. (Foto: ABI)

Luis Mealla/Bolivia Digital

El Gobierno expresó su respaldo a la Policía Boliviana y al Ministerio Público en las investigaciones para hallar y procesar a todos los responsables de la compra, con presunto sobreprecio, de 170 respiradores mecánicos, y solicitó la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas de todos los imputados por este caso.

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, en un breve contacto con la prensa en Santa Cruz, afirmó que el Gobierno actuó con “rapidez, contundencia y sin contemplaciones” para coadyuvar en la investigación, a diferencia de la administración del Movimiento al Socialismo (MAS), en la que “se protegía” a autoridades acusadas de corrupción.

«Eso marca la diferencia con el régimen de corrupción generalizada que tenía el MAS (…). Aquí no se demoró un solo día en hacerlo y obviamente la Policía Boliviana y el Ministerio Público no solo tienen toda la libertad, sino todo el apoyo del Gobierno para llevar las investigaciones hasta que se establezca la verdad y se sancione a los responsables con el mayor rigor de la ley», aseveró la autoridad.

Anotación de bienes

Por su parte, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, reiteró que solicitaron a la Fiscalía la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas de todos los implicados.

“Ya hemos solicitado al Ministerio Público la anotación preventiva de todos los bienes que tengan todos los imputados, además del congelamiento de cuentas», manifestó la autoridad en declaraciones a radio Panamericana.

Por el caso respiradores, la Fiscalía imputó a cinco personas por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado y otros.

Entre los procesados están el exministro de Salud Marcelo Navajas, además de funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado y de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), por su vinculación en la compra, con presunto sobreprecio, de 170 respiradores a la empresa española GPA Innova.

Recientemente, la Fiscalía determinó la aprehensión de Fernando Humérez, quien se presentó voluntariamente en calidad de “testigo clave”.

En ese marco, el viceministro Melgar anunció que continuarán con las investigaciones y auditorías en este y otros casos para determinar si se realizaron otras compras irregulares durante la emergencia sanitaria.

«Siguiendo la línea de la señora Presidenta (Jeanine Áñez), mi persona ha tomado la firme decisión de seguir de manera directa y activa no solamente este caso en concreto, sino investigar todas las otras adquisiciones. La Presidenta fue clara, se investigarán todas las compras de insumos que se realizó para el tema del COVID-19», manifestó la autoridad.