INTERX-F1-PROTESTA CHILE- AFP

 

AFP – Edición impresa

Chile marcó ayer, con diversos actos, un mes de un torbellino de protestas para exigir un mejor reparto de la bonanza e implementar políticas de bienestar social ante quejas de los  “abusos” del modelo económico.

Lo que comenzó con estudiantes de secundaria negándose a pagar el billete de metro derivó en la más profunda crisis social desde el retorno a la democracia tras un largo período de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cambiándole en 30 días la cara al país y modificando por completo la agenda del derechista Sebastián Piñera y del Parlamento.

Si hasta antes del 18 de octubre los alcances de una sequía que se extiende por 10 años y los efectos del cambio climático dominaban la agenda, hoy el país discute sobre una nueva Constitución —que reemplace la heredada de la dictadura— junto a una profunda reforma al sistema de pensiones, de salud y educación, que centran las preocupaciones de los chilenos que ahora dicen “basta a los abusos”.

“En las últimas cuatro semanas, Chile cambió; los chilenos cambiaron, el Gobierno cambió; todos hemos cambiado. El pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó”, dijo Piñera en un mensaje al país la noche del domingo en el que celebró el acuerdo político que permitiría el cambio constitucional.

Después de intensas negociaciones, el Congreso chileno aprobó el pasado viernes un acuerdo para llamar a plebiscito en abril del próximo año para decidir cambiar o no la Constitución y escoger el mecanismo por medio del cual se haría el cambio: una asamblea constituyente o una convención mixta, integrada en partes iguales por asambleístas y congresistas.

30 años de democracia

En 30 años de democracia no había prosperado ningún intento por reformar la Constitución que en 1980 redactó la dictadura y que logró aprobar en un cuestionado plebiscito, con disposiciones que aseguraron el poder de los grupos conservadores, incluso una vez restaurada la democracia.

“Estamos todos conscientes de que estábamos con una camisa de fuerza que era una Constitución heredada, pétrea, que no se podía cambiar”, dijo el expresidente socialista (2000-2006) Ricardo Lagos, en entrevista con CNN-Chile.

Una encuesta de este lunes de la privada Cadem reveló que un 67% de los chilenos considera “bien o muy bien” el acuerdo constitucional. A partir del cual se unieron todos los partidos de gobierno y de la izquierda opositora chilena, que hasta antes del estallido no lograban consensuar posiciones.

En este escenario, el Congreso apuraba la discusión para aumentar en 50% la pensión básica solidaria, fijada hoy en 133 dólares, una opción que para el Gobierno no puede concretarse de manera inmediata.

“No hay dinero. Quiero ser responsable y muy claro en decirlo. Eso significa mil millones de dólares que Chile no tiene (…) no estamos en condiciones de poder acceder a eso”, afirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a los periodistas.

Fue un drástico despertar el que se vivió de un país considerado uno de los más estables de América Latina y con un alabado modelo económico: 30 días de protestas que se saldan con 22 muertos, 79 estaciones del metro de Santiago atacadas      —algunas completamente incendiadas— y casi 15 mil detenidos a lo largo del país.