La COB y el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, sostuvieron una reunión. (Foto: Jorge Mamani)

Bolivia

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, destacó ayer la puesta en vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria.

En conferencia de prensa, el representante de los trabajadores pidió a las autoridades participar como organización en la reglamentación de la norma, ya que ésta beneficia a los obreros del país.

“Si bien no somos profesionales en salud, tenemos trabajadores en el sistema público, tenemos trabajadores dentro de la seguridad social, que conocen el tema de salud, porque el tema de salud es integral”, dijo Huarachi.

La ley tiene por finalidad proteger la vida, la integridad y el bienestar de la población ante una emergencia sanitaria. Por ejemplo, la pandemia del Covid-19, pero también de otras que pudiesen surgir en el futuro.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó, por su lado, que ya se comenzará a trabajar en la reglamentación de la norma, esto luego de que la COB pidió que se reduzca el plazo asignado para esta tarea.

“Por lo tanto, la tarea nuestra es inmediatamente reunirnos con el ministro de Salud, Jeyson Auza, porque él es la cabeza de esta organización importante”, aseveró la autoridad.

Agregó que después convocará a la comisión de los trabajadores que participará en la reglamentación e invitará a ser parte de este proceso a los dirigentes médicos del país.

La ley regula las medidas excepcionales que el Estado debe asumir para prevenir o enfrentar una emergencia sanitaria. Una de la medidas más importantes es evitar que la burocracia impida la atención de salud para el pueblo boliviano en una emergencia sanitaria.

Sobre la inmunización, la ley establece claramente que las vacunas serán gratuitas para todo el pueblo y su aplicación es de manera voluntaria.

Los medicamentos, insumos médicos y productos en salud deben ser regulados o controlados en sus costos. Este trabajo ya se realiza con la publicación de las listas de precios máximos de los fármacos y servicios de salud para Covid-19 en el marco del Decreto Supremo N° 4452.

Además establece que los establecimientos privados no pueden exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado, lo que ha estado dañando seriamente el acceso de la población el año pasado.

La norma prohíbe la suspensión de servicios en salud en una emergencia sanitaria. Esta disposición no afecta el derecho a la protesta y sus eventuales medidas de presión, pero evita que este hecho afecte un derecho mayor: el derecho a la salud y la vida, que implica que no se debe negar, por ningún motivo, la atención médica a ningún boliviano por una reivindicación gremial.

Establece las condiciones en que se puede declarar un aislamiento sanitario, reconoce y permite que la medicina tradicional ancestral boliviana se respete y se use como parte de la respuesta a una emergencia sanitaria.

Finalmente, la ley permite que las contrataciones de bienes y servicios y de personal de salud, los despachos aduaneros y los impuestos sean excepcionalmente ágiles y flexibles para que la burocracia y los intereses gremiales no sean limitados para responder a la necesidad de la población y, al mismo tiempo, se evite la discrecionalidad y la corrupción en los momentos de más necesidad.

“Ya está promulgada la Ley de Emergencia Sanitaria y eso es bueno para el país, porque, como Estado, necesitamos contar con las herramientas que nos permitan dar respuestas efectivas en defensa de la salud y la vida de los bolivianos”, afirmó a su turno la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en entrevista con Bolivia TV, quien además, convocó al sector médico a aceptar el diálogo y formar mesas de negociación que permitan dar soluciones integrales a la salud.