Personal de la CIDH en Bolivia. (Foto: ABI)

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El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) solicitó a la Comisión Intereamericana de Derechos Humanos (CIDH) generar una medida cautelar para que — a través de su intervención — el Gobierno pueda desbloquear las carreteras del país que impiden el libre tránsito de alimentos y oxígeno para los enfermos con y sin coronavirus (COVID-19).

“Hemos propuesto generar una medida cautelar ante la CIDH que es una institución internacional para que intervenga y que en base a su intervención cesen estos bloqueos. La medida cautelar tiene la finalidad de cesar los bloqueos y saquen un instructivo y el país pueda realizar el desbloqueo legalmente por una institución internacional supranacional”, explicó el presidente del Conalab, Israel Centellas, en contacto con el periódico Bolivia.

El mecanismo de medidas cautelares previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH establece que en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá — a iniciativa propia o a petición de parte — solicitar que un Estado adopte medidas cautelares.

“En el contexto particular de la región, (la medida cautelar) ha operado como instrumento efectivo de protección y prevención ante posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente”, señala una publicación de la institución.

El Conalab realizó esta petición debido a que por los bloqueos — que exigen la realización de los comicios para el 6 de septiembre y no del 18 de octubre — se impidió el transporte de oxígeno para pacientes con coronavirus (COVID-19) durante seis días. El Gobierno informó del fallecimiento de al menos 30 personas por falta del elemento vital, pese a los esfuerzos por trasladar vía aérea los insumos necesarios.

Los abogados detallaron ante la CIDH que la solicitud se realiza por “falta de acceso a tratamiento médico que ponga en peligro la vida, integridad personal y salud” de las personas con COVID-19.

Según el jurista, tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo no cumplieron con su rol constitucional establecidos en los Artículo 225 y 228 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“El Ministerio Público no está realizando la investigación de la acción penal de los bloqueos que se están llevando a cabo, sé que hay una reunión al diálogo, pero ya debería activar las investigaciones de los delitos que se están cometiendo a la fecha”, afirmó.

Respecto a la Defensoría del Pueblo, el jurisconsulto señaló que esta institución tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y enfatizó que tampoco se presentó en los puntos de bloqueo para “instar, negociar o llegar al diálogo y evitar que se sigan realizando estos bloqueos que ya tiene muertes de por medio”.

Esta jornada, la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, convocó al diálogo a los actores políticos y sociales para confirmar la fecha de las elecciones generales y para suspender los bloqueos en el país. Mientras, el Senado invitó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para concertar el día de votación.