Aldo Michel, coordinador del Comité Impulsor de los Juicios contra el “Golpe de 2019” (Foto: ABI)

Fabiola López Uriarte / Ahora El Pueblo Digital /

El Comité Impulsor de Juicios de Responsabilidades a exautoridades del 2019 presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en contra del gobernador Luis Fernando Camacho y del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por el delito de traición a la Patria.

“Ahora estamos emplazando una denuncia por traición a la Patria, a partir de la declaración flagrante confesa que han hecho en su último cabildo de revisar las relaciones de Santa Cruz con el estado Plurinacional de Bolivia”, expresó Aldo Michel, coordinador del Comité Impulsor de los Juicios contra el “Golpe de 2019”.

Michel afirmó que la posición de ambas autoridades departamentales, responde a un objetivo político separatista y que tanto el ministerio público como la justicia deben tomar las acciones correspondientes.

“Es una acción que tiene un interés y un objetivo separatista, nosotros creemos que el Ministerio Público y los operadores de justicia deben procesar este caso en la línea de evitar que esta acción separatista tome cuerpo, como ha tomado este paro absolutamente irracional, abusivo de los golpistas y sus agentes”, indicó.

Michel ahondó en la necesidad de prevenir y evitar que estos delitos sigan tomando cuerpo.

“El Ministerio Público y los operadores de justicia tengan en cuenta que hay que frenar esta condición de delitos que ya se han posicionado”, señaló.

El jurista señaló que la denuncia penal presentada versa sobre los artículos 111 y 112 de la Constitución Política del Estado en cuanto al delito de traición a la Patria.

El primero menciona que las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas

“La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales”, dice el parágrafo II del artículo 111.

A su vez, en el artículo 112, se menciona que los delitos cometidos por servidores públicos que atentan contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.