Foto: Conmebol

Redacción Central /

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, autorizó este jueves la realización de la Copa América 2021 a partir del domingo, tras rechazar varios pedidos para prohibir el certamen a causa de la pandemia y coincidir con la posición del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

De los 11 integrantes de la Corte, que se reunieron en sesión especial para tratar el tema, la postura por la autorización del certamen sumó tempranamente la mayoría de seis votos necesaria para dar luz verde al torneo.

De esta forma, el torneo continental tiene aval jurídico a cambio de la aplicación de protocolos sanitarios a nivel nacional, estadual y municipal, una de las exigencias del voto de los magistrados.

La habilitación se produce luego de que los jugadores de la selección de Brasil dijeran que están en contra de la organización del torneo, pero que igualmente saldrán a jugar para honrar la camiseta, según expresaron en un comunicado.

Brasil organizará en cuatro sedes el torneo, —Brasilia, Cuiabá (Mato Grosso), Goiania (Goiás) y Rio de Janeiro— pese a que las autoridades sanitarias alertan sobre el riesgo de una tercera ola.

Los votos que formaron la mayoría contra una presentación del Partido Socialista Brasileño (PSB) fueron de los jueces Marco Aurélio Mello, Cármen Lúcia Antunes, Rosa Weber, Edson Fachin, Gilmar Mendes y Antonio Dias Toffoli.

El Gobierno estuvo representado por la Abogacía General de la Unión, que presentó todos los protocolos exigidos por los jueces.

Dos jueces votaron a favor de que el Gobierno presente en 24 horas un plan de mitigación de riesgos contra la pandemia.

La jueza Antunes, relatora de una de las acciones, dijo que estos eventos “tienden a propiciar celebraciones y aglomeraciones”, pero igual le dio la luz verde a cambio de la adopción de “medidas sociales y de seguridad pública y sanitaria para proteger a las personas involucradas” en la Copa.

Sin embargo, aclaró que su posición es que este tipo de eventos no deben ser decididos por la máxima corte y sí por las autoridades jurisdiccionales, como los gobiernos regionales o el federal.

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