Los sobrecostos en los mercados son las principales alarmas de corrupción durante la pandemia en Colombia. (Foto: Infobae)

Infobae/Bolivia Digital

En Colombia, la mayor pandemia sigue siendo la corrupción. A seis semanas de que se decretara la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus, las irregularidades en la contratación en los departamentos y municipios de Colombia, que destinan recursos millonarios a programas supuestamente encaminados a mitigar los efectos del Covid-19, despertaron las alamas de los entes de control a un nivel tal que propiciaron el lanzamiento de la estrategia “Transparencia por la Emergencia”, un trabajo articulado nunca antes visto en el país entre la Contraloría- encargada del seguimiento fiscal-, la Procuraduría -cabeza del ministerio público que sanciona a los funcionarios- y la Fiscalía -ente acusador- para hacer seguimiento a los posibles casos de corrupción y entablar sanciones a quienes se roben la plata pública.

Hasta ahora, los entes de control colombianos tienen en investigación 56 contratos que suman 136 mil millones de pesos (poco más de 35 millones de dólares) que concentran las mayores irregularidades identificadas, pero en total el objetivo es revisar los 31.938 contratos que se suscribieron durante el tiempo de Emergencia Económica en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la procuraduría hay 24 procesos disciplinarios abiertos en 14 gobernaciones del país, las cuales tienen a ocho gobernadores directamente involucrados, otros con miras de abrírseles procesos y funcionarios públicos de estas entidades también en la mira. En las alcaldías hay por su parte 70 casos en 56 municipios, y en las entidades del orden nacional 24 expedientes, uno de ellos contra el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro, por presuntas irregularidades en Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, creada por el Gobierno Nacional para dar respuesta a la emergencia sanitaria.

El caso del ministro de Agricultura es en particular destacable ya que por su condición de aforado deberá ser elevada ante la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país.

De acuerdo con la Contraloría el ministro deberá responder por la falta de control en los créditos subsidiados creados por el Gobierno, que destinó un total de 226 mil millones de pesos al sector (USD 58.4 millones). De estos los pequeños productores solo recibieron $4.200 millones (USD 1 millón), los medianos $8.300 millones (USD 2.1 millones) y los grandes agroindustriales 213.566 millones (USD 55.2 millones) concentrando el 90% de los recursos.

Los primeros sancionados

Entre los mandatarios en la mira de las autoridades ya hay dos sancionados por parte de la Procuraduría que fueron suspendidos de sus cargos por irregularidades en la gestión de la pandemia y posible desvío de recursos públicos: el acalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balcero; y el gobernador de Chochó, Ariel Palacios. El caso del alcalde Balcero de Calarcá, fue el primero de un funcionario suspendido durante la emergencia y se debió a un contrato suscrito con un comerciante del municipio, Abelardo de Jesús Echeverri, para repartir mercados a la población más vulnerable. Dicho contrato tenía un monto de 15 millones de pesos (USD 3879) pero terminó inflándose hasta los 396 millones de pesos (USD 102.426).

La irregularidad se hizo manifiesta por el propio proveedor quien denunció que la firma de este contrato inflado no era suya, por lo tanto, había sido falsificada. Dicho contrato fue suscrito por la Secretaría Administrativa de Calarcá, por lo que la suspensión por tres meses ordenada por la Procuraduría no solo fue contra el alcalde Balcero sino contra el secretario titular de esta cartera, José Winser Garzón Tobaría.

En su determinación la Procuraduría afirmó que separar al alcalde y su funcionario del caro era necesario pues de lo contrario seguirían “seguiría afectando principios fundamentales y esenciales que regulan la contratación del Estado». Este caso está en indagación preliminar por parte de la Fiscalía para establecer responsabilidades penales.

Por su parte, el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, habría participado en la firma de un contrato por 2 mil millones de pesos (USD 517.305) que según el Ministerio Público iba en contra de las normas de contratación estatales.

Dicho contrato tiene por objeto realizar actividades relacionadas con jornadas educativas de dos horas sobre temas de limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado, salud mental, lactancia materna, sexualidad, prevención de enfermedades y tuberculosis, todas estas enfocadas en el Covid-19. Sin embargo, la Procuraduría determinó que dichas actividades no eran prioritarias en un departamento donde la seguridad alimentaria, el pago de los salarios y la dotación de insumos al personal médico sí constituían necesidades urgentes a las que se debían destinar los millonarios recursos.

Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia y más afectado históricamente por el conflicto armado, en el operan grupos criminales como el ELN, disidencias de FARC y el Clan del Golfo, quienes en gran parte han ayudado a mantener el confinamiento de la población por los recurrentes combates que libran entre ellos por el control del territorio.

Allí se registró la primera muerte por coronavirus el pasado 26 de abril, y hay otras 13 personas confirmadas positivas. Sin embargo, con una población principalmente afro, raizal e indígena, y los recursos limitados para la realización de pruebas, es muy probable que haya muchos más casos no reportados.