La oposición boliviana, básicamente conformada por agrupaciones políticas que tienen presencia parlamentaria, es decir Comunidad Ciudadana y Creemos, es el resultado de una “juntucha” de miembros de diferentes organizaciones ya desaparecidas del espectro político nacional y que se han cobijado bajo esas dos alianzas políticas.

Sin embargo, ambas no cuentan con una ideología consistente ni propuesta política, y su plan de gobierno ha sido evidentemente coyuntural, pero ninguno de estos documentos ha logrado agrupar verdaderamente a sus miembros por la disparidad de procedencia, donde se encuentran desde los más radicales conservadores y gente de derecha hasta exsocialistas, comunistas y trotskistas renegados.

Es decir, aparte de su recalcitrante antimasismo, no tienen ningún sustento ni elemento ideológico que los una más allá de sus intereses coyunturales o su nostalgia de retomar el poder. Sus liderazgos igualmente son inconsistentes y carecen de estructura partidaria o de una verdadera democracia interna, por ello en algún momento sus “jefes” pueden mandar a callar a algunos de sus legisladores sin derecho a réplica o pueden actuar autocráticamente y hablar a nombre de ellos sin pedir su opinión y menos su consentimiento.

Esta situación no podía ser permanente, era imposible considerar que podía extenderse indefinidamente y así fue, primero en Creemos, con disidencias hechas públicas contrarias al caudillismo de su jefe pero que no lograron alterar la lógica de mando de esa organización. En Comunidad Ciudadana los amagues de desobediencia a su jefe fueron menos evidentes hasta ahora.

La sesión congresal de elección del Defensor del Pueblo ha mostrado al desnudo la verdadera situación interna de la oposición en el país. Primero que no existe ninguna consistencia en el mando, que cada quien hace lo que le viene en gana, asistiendo o dejando de asistir a la asamblea, sin una coordinación de bancada y donde el jefe no tiene la menor idea de lo que pasa con sus asambleístas. En ambas agrupaciones sucede exactamente lo mismo.

No hay argumentos que valgan para justificar sus ausencias de la sesión, ni menos que puedan observar o impugnar la elección producto de esa sesión. Ello determinó que Comunidad Ciudadana haga público un comunicado en el que aparte de pedir disculpas intenta justificar su incapacidad con acusaciones sin sustento al partido mayoritario en la Asamblea. Pero también el comunicado da pie a la reacción de algunos de sus propios asambleístas que al rechazar el mismo ponen en evidencia sus desavenencias y la incapacidad de acción del grupo opositor, cuando entre ellos mismos se “mandan a llorar al río”.

Los otros, los de la bancada más pequeña, ni siquiera se tomaron la molestia de explicar o justificar su ausencia, como siempre su labor legislativa es menor que nula, inexistente, y su actividad política y la de sus asambleístas está dirigida solamente a desestabilizar no solo al gobierno, sino a poner en riesgo nuestro sistema democrático.

La oposición está en crisis. Pero no es nada nuevo, y además era algo totalmente previsible no solo por el bajo nivel que muestran sus asambleístas en la labor cotidiana, sino porque no son más que una “juntucha” de politiqueros de vieja laya, en buena parte de los casos, y de unos cuantos ingenuos ciudadanos unidos por su antimasismo y su tradición antidemocrática.