Infografía: Yuri Rojas

• Redacción Central /

Luego de declararse culpables de los delitos de conspiración, lavado de dinero, soborno, entre otros, Luis Berkman, Rodrigo Méndez, Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld, los cuatro cómplices del exministro de Gobierno Arturo Murillo, asistirán a una audiencia de lectura de sentencia en Estados Unidos que fue fijada para este 13 de diciembre.

“Ese día se van a conocer los años de sentencia para los cuatro porque han renunciado al juicio por jurados, que les correspondía, y en la sentencia se verá los delitos y los años de condena”, explicó ayer el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

Luis Berkman se declaró culpable por los delitos de conspiración en lavado de dinero, soborno de funcionarios extranjeros y la pena prevista en su contra es de tres a 10 años de prisión.

Rodrigo Méndez Mendizábal admitió culpabilidad por los delitos de conspiración en lavado de dinero, blanqueo de activos para cometer soborno de funcionarios extranjeros, y la pena oscila entre tres y 10 años.

Bryan Berkman, culpable por el delito de conspiración para defraudar, afrontará una pena de entre uno y cinco años.

Philip Lichtenfeld, declarado culpable por el delito de conspiración para defraudar, puede ser condenado de uno a cinco años de privación de libertad.

“Estas personas se someterán a la justicia norteamericana y esperamos devolución del dinero que robaron. Son tres años mínimo y 10 años máximo, por ello se quiere la restitución económica”, agregó Chávez.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

La situación de Murillo

Ayer, el exministro del gobierno de facto Arturo Murillo solicitó la reprogramación de su audiencia por 30 días debido a que, en su criterio, su nueva abogada debe revisar todos los documentos sobre el caso para defenderlo.

“Este procedimiento es la última opción para diferir la audiencia y ha sido reprogramada para el 8 de noviembre a las 10.00 para una lectura de cargos”, manifestó el procurador.

Robo millonario

El 16 de noviembre de 2019, cuatro días después de que Jeanine Añez se autoproclamó presidenta, Arturo Murillo, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, Rodrigo Méndez, Bryan y Luis Berkman, Philip Lichtenfeld, y otros, tramaron el robo de $us 2,3 millones al Estado.

Mediante sobornos concretaron la compra de gases lacrimógenos a Cóndor, mediante una empresa intermediaria.

Bravo Tactical Solutions (BTS) pagó $us 3,3 millones y, dos días después, vendió el mismo material al Estado en $us 5,6 millones.

Los miembros de este denominado “clan mafioso” trataron de enviar la totalidad de ese dinero a un banco norteamericanos, pero la entidad financiera rechazó la transacción al percatarse de que había algo raro.

Los envíos

En abril de 2020, estas personas lograron transferir $us 1,7 millones y $us 3,9 millones a Estados Unidos, luego ese dinero retornó a las cuentas privadas de los involucrados.

El FBI norteamericano se percató de esta irregularidad e hizo un seguimiento a todos los involucrados.

En mayo de este año se detuvo a Murillo, Méndez, Lichtenfeld y los Berkman.

Los cinco son investigados por los delitos de soborno y lavado de dinero, entre otros.

El proceso civil avanza sin pausas

Al margen del proceso penal de la justicia norteamericana contra estas personas, el Estado boliviano activó un juicio civil contra los involucrados a fin de recuperar los $us 2,3 millones que robaron.

Estamos avanzando, el juicio será en octubre del siguiente año, mientras que este año vamos a elaborar un calendario procesal. Habrá mínimamente dos audiencias de conciliación y actuaciones procesales”, detalló Chávez.

Todas las partes han sido notificadas y lo que se busca es resarcir el daño económico en favor del Estado.

Inicialmente se quiere recuperar el dinero robado, pero con la adicional de daños y perjuicios que sobrepasarían los $us 4,6 millones.

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