Infografía: Yuri Rojas / Ahora EL PUEBLO

Redacción Central /

La llegada al gobierno del régimen de facto de Jeanine Añez, en noviembre de 2019, fue el inicio de una serie de irregularidades que se cometieron no sólo en las reparticiones del Estado, sino principalmente en las compañías públicas como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), con un daño económico de Bs 5,8 millones.

Como un hecho histórico, el 1 de mayo de 2008, en el gobierno del entonces presidente Evo Morales se concretó la nacionalización de Entel en el marco del Decreto Supremo 29544, empresa que en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue privatizada. Trece años después, se convirtió en la firma pública líder de las telecomunicaciones del país, con altos índices de rentabilidad.

Según el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en la pasada gestión (2020), la telefónica estatal sufrió un notable deterioro económico causado por la pésima administración del gobierno de facto y la pandemia, provocando la caída del 45% de sus utilidades a comparación de 2019.

Con la designación de Elio Montes Chávez y Eddy Luis Franco como gerentes generales de Entel del gobierno inconstitucional, la empresa de los bolivianos se vería afectada por una serie de actos de corrupción, gastos dispendiosos, innecesarios y otros que causarían un grave daño económico a la institución.

ELIO MONTES

Fue designado como gerente general de Entel el 16 de noviembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Yerko Núñez (actualmente prófugo de la justicia), con un haber mensual de Bs 30 mil.

Durante su gestión, que sólo duró 82 días, incurrió en varios actos de corrupción. Las denuncias de malversación de fondos económicos salieron a la luz en febrero de 2020, cuando a través de publicaciones de medios de comunicación se conocieron los presuntos gastos dispendiosos que habría realizado Montes; entre éstos el pago de finiquitos a 13 funcionarios de su confianza que sólo trabajaron alrededor de un mes en la empresa, gastos de alojamiento en hoteles de cinco estrellas, uso de vuelos privados y otros, por un monto que alcanza a $us 105.000 (Bs 732.900).

Elio Montes fue removido del cargo el 7 de febrero por el entonces presidente del directorio de Entel, Ibo Blazicevic. Con su destitución, los 13 funcionarios de su confianza también fueron alejados de la empresa.

Sin embargo, pese a la destitución, el gobierno de facto no tomó acciones inmediatas contra el exgerente y éste logró huir del país el 13 de febrero rumbo a Miami, Estados Unidos, donde fue detenido por el Departamento de Migración y Aduanas, pero el exfuncionario no sería deportado a Bolivia por su residencia permanente en el país del norte.

Al respecto, el 28 de mayo de este año, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, señaló que sobre el caso de Montes ya se extendió el sello azul para su extradición y que de esa manera rinda cuentas en el territorio boliviano.

EDDY LUIS FRANCO

El 21 de abril, el ministro Montaño denunció que en la gestión del exministro y actual alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, y del exgerente de Entel Eddy Luis Franco se detectó el pago ilegal de $us 390 mil (Bs 2.714.400) a una “empresa fantasma” en Perú.

Franco asumió el cargo el 8 de febrero de 2020 y fue posesionado por el exministro de Obras Públicas, Iván Arias, hoy alcalde de la ciudad de La Paz.

El pago ilegal fue ejecutado por el presunto servicio de la “empresa fantasma”, denominada Servitel, por la inspección “confidencial” a las instalaciones de nodos (elemento para la vinculación de cables) del proyecto de conexión directa de la red de fibra óptica submarina por el océano Pacífico a través de las costas de Perú, cuyo proyecto boliviano fue concluido e inaugurado en 2020.

De acuerdo con el informe de la cartera de Obras Públicas, la empresa subsidiaria Telecom Bolivia SAC, en Perú, hizo una auditoría donde detectó el pago irregular por la supuesta “inspección confidencial” por un trabajo que no fue ejecutado y que se evidencia en los informes de la empresa de seguridad y vigilancia encargada del proyecto.

El 22 de abril del presente año, el presidente del Directorio de Entel, Héctor Ramírez, confirmó que el pagó a la empresa fantasma fue avalado por Franco, tomando en cuenta que toda operación de estas características debe contar con la autorización de la gerencia. “Vemos en el formulario de tramitación de pago la firma de Eddy Luis Franco y también los sellos”.

El 5 de mayo, Franco fue aprehendido por tres delitos: legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Todo enmarcado por el pago irregular que habría autorizado.

En su declaración ante el Ministerio Público, Franco comprometió a Ana María Barahona y Michel Fernández (sus exsecretarias), porque ambas manejaban su facsímil, además de los miembros del ex Directorio de Entel, Ibo Blazicevic (presidente de la empresa en 2020), Álvaro Bazán (exvicepresidente), Carlos Prieto (secretario), Horacio Barrientos (director), Salomón Gonzales (director) y Gisela Macklin (síndico), tomando en cuenta que ellos conocían los pagos irregulares.

DAÑO ECONÓMICO

El informe de la cartera de Obras Públicas sostiene que los hechos de corrupción registrados en las gestiones de los exgerentes Elio Montes y Eddy Luis Franco causaron un daño a Entel que asciende a Bs 5,8 millones.