Durante los treinta y seis días de paro cívico cruceño, las entidades públicas asentadas en la ciudad de Santa Cruz dejaron de desarrollar sus actividades; en otras palabras, sus funcionarios dejaron de asistir al trabajo y, por lo tanto, no trabajaron.

A diferencia de miles de personas que se ganan la vida diariamente trabajando por cuenta propia en diferentes rubros, que fueron impedidas de hacerlo por los grupos de choque durante toda la duración del paro, los servidores públicos de la gobernación o de la universidad pública, entre otras entidades, están cobrando sus salarios correspondientes al mes de noviembre, sin descuentos por falta o atrasos.

Es probable que, en el sector privado, en aquellas empresas en las que realmente se acató el paro, que se conoce que fueron muy pocas, algunos generosos empresarios también estén pagando a sus trabajadores sin que hayan trabajado, aunque es muy difícil de creer, por razones obvias.

El problema no radica ahí, sino en que los sueldos y salarios de los funcionarios públicos salen de los impuestos de todos y cada uno de los bolivianos, y que quien no cumple con sus horarios o, peor aun, no va a su centro de trabajo, no tiene derecho a cobrar su salario, y si las autoridades no observan esta situación y disponen el pago, conociendo esas irregularidades, están incurriendo no solo en una falta, sino en la comisión de un delito, pues está disponiendo de manera arbitraria de recursos del Estado.

No es correcto, por donde se lo vea, que quienes no trabajaron, se quedaron en sus casas o tomaron sol en las rotondas o, peor aún, pasaron esos días agrediendo y violentando a otros ciudadanos, concluido el paro reciban su sueldo completo. Hay a simple vista un incumplimiento de deberes de parte de las autoridades y una percepción ilegal de esos recursos de parte de los funcionarios.

Existe una amplia normativa sobre administración de personal que debe ser obligatoriamente aplicada en todos los casos, las excepciones solo pueden darse, bajo normativas expresas en casos similares a los presentados durante la pandemia, cuando por razones totalmente diferentes la gente estuvo impedida de ir a trabajar. Sin embargo, al margen de este tipo de situaciones extremas, no se puede entender que alguien reciba su salario sin haber trabajado.

Hay un daño económico evidente al Estado del que alguien tiene que asumir la responsabilidad.

Solo como referencia, los trabajadores cuando asumen una medida de protesta o de reivindicación, pueden entre otras medidas de presión suspender sus actividades, declararse en huelga, y en esos casos quienes llevan a cabo esa medida renuncian a la percepción de sus salarios por el tiempo que dure la huelga.

Cuando una medida de protesta está sustentada en principios o en justas demandas, conlleva un sacrificio de parte de quienes la realizan, entre ellos, sino se trabaja, renunciar a su remuneración, pues lo contrario los convierte a quienes participan en estas actividades en simples mercenarios.

Pero más allá de cualquier consideración, está la obligación de cumplir con la ley y esta es muy clara en aspectos de trabajo y remuneraciones. Las entidades responsables de este control, como la Contraloría General del Estado, tienen la obligación de darnos seguridad de que los recursos del Estado no están siendo mal utilizados.