Humberto Campodónico

Se estima que en Perú hay 80 mil personas que se dedican al cultivo de coca, de las cuales 50 mil están en el VRAEM y en La Convención, Yanatile y Lares. En Carabaya y Sandia en Puno hay 12 mil y otras 12 mil en la Sierra Central y Ucayali. Y faltan 6.000 en el Huallaga y el Trapecio Amazónico.

Si multiplicamos por cinco (una familia), tenemos a 400 mil personas. Pero, nos dice Ricardo Soberón, exjefe de DEVIDA, que se debe incluir a otras 80 mil personas (el acarreo en el Callao, La Perla, Bellavista, Ventanilla, así como toda la costa norte) y la “nueva industria” que ahora produce 400 toneladas/año, generando “mayor valor agregado”. En total, 800 mil personas.

Ahora a la minería informal e ilegal (no hacemos distingos acá). En 2012 se inscribieron 70 mil informales, pero la cifra es mucho mayor. En su libro Minería ilegal e informal en el Perú (Cooperación 2015), Víctor Torres Cuzcano nos dice que según la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala hay 500 mil informales-ilegales, lo que nos daría 2,5 millones de personas.

En Madre de Dios y en Nazca y Chala se produce el 20% del oro del Perú. Una parte sale “legalmente” comprada por los acopiadores (con facturas bamba) y es consignada en las estadísticas del BCR, que reporta un volumen mayor al que consigna el Minem. Aunque usted no lo crea. Otra parte sale por Bolivia, de contrabando.

Cuando PPK dijo que “un poquito” de contrabando no hace daño, Raúl Saldías, de la SNI, dijo que 300 mil personas solo en Puno lucraban con la “culebra”. Agregó que ingresaron $us 2.000 millones y no se pagaron $us 573 millones en impuestos. Si le añadimos 100 mil personas más de las fronteras norte y sur, son 400 mil.

Sumemos: 160 mil personas en el narcotráfico, más 500 mil en minería, más 400 mil en contrabando nos da 1.060.000. En narcotráfico y la minería, la fuente de ingresos viene del extranjero, lo que no pasa con el contrabando. Y no hemos sumado la propia delincuencia, como lo sugiere Hugo Cabieses.

Por tanto, ese millón de personas —o 5 millones, con la familia— depende muy poco del nivel de actividad económica del país, lo que no sucede, por ejemplo, con los ambulantes o con las microempresas informales que obtienen sus ingresos de las ventas en el mercado interno.

Si ese poder adquisitivo se cae, el de ellos también. Ojo: buena parte de esa informalidad se da en el sector rural, lo que no sucedía antes.
Y la Unidad de Inteligencia Financiera nos acaba de revelar que hay $us 2.280 millones en lavado de activos, lo que incluye minería ilegal y narcotráfico.

Hasta aquí las cifras y ya casi no queda espacio para el análisis. Francisco Durand nos dice que estamos frente a un Perú fracturado, que solo se puede entender si sumamos formalidad más informalidad más delincuencia (“El que puede puede: dinámicas informales e ilegales en los espacios rurales”, SEPIA-XVI, Arequipa, 2016). El narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal serían delincuencia, mientras que los ambulantes y microempresas están en las ciudades y no son actividades delictivas.

¿El empleo en estos sectores ayuda a entender por qué Perú no se ha “movido” tanto como nuestros vecinos? Creemos que sí, pero falta profundizar. Hay también elementos políticos: en un país con “economías regionales” independientes, se hace difícil una convergencia nacional, como ya lo han notado Alberto Adrianzén y Juan de la Puente.

Y, claro, también están las válvulas de escape del cierre del Congreso, presidentes presos y empresarios acusados, destape de la corrupción judicial (cuellos blancos, fiscales supremos). Pero nada dura para siempre y si el Gobierno sigue inmóvil, la factura le va a llegar.