Isabel Fernández, ministra de Comunicación. (Foto: Opinión)

Reynaldo J. González / Bolivia Digital

El Ministerio de Comunicación emitió hoy un comunicado que señala que el Decreto Supremo 4231, referido a la difusión de información durante la emergencia del coronavirus, “no crea delitos” y busca proteger a la sociedad boliviana de la mala e imprecisa noticia. El documento indica “que ciertas acciones serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos ya establecidos en el Código Penal”.

Estas acciones, explica el comunicado, serían las noticias falsas que durante la emergencia mundial del COVID-19 “matan o multiplican la enfermedad”.

En ese sentido, de acuerdo con el análisis legal de la cartera de Estado dirigida por la ministra Isabel Fernández, la normativa solamente persigue proteger a la sociedad boliviana de las noticias falsas que “pueden costar vidas” en el contexto actual.

En el análisis presentado hoy, el referido decreto no contravendría de modo alguno la Constitución Política de Estado (CPE), o tratados suscritos por el Estado boliviano como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), sino que, por el contrario, cumpliría a cabalidad con sus disposiciones referidas específicamente a la libertad de expresión.

Al respecto, en su parte central, el documento recuerda que el artículo 13.2 de la CADH “reconoce la posibilidad de que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura, sino a ‘responsabilidades ulteriores’ que deben estar ‘expresamente fijadas por ley’ (en este caso el Código Penal) y que deben ser necesarias para asegurar ‘la protección de la seguridad nacional’, el orden público y/o la salud y la moral públicas”.

Asimismo, el documento se sustenta en el PIDCP que señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, “pero que el ejercicio de tal derecho entraña ‘deberes y responsabilidad especiales’ y que puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar ‘expresamente fijadas por ley’ y ser necesarias para ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública’”.

Además, el documento recuerda que la prensa y el periodismo “Se regulan por la Ley de Imprenta, como norma especial”.

“Es decir, el Decreto Supremo 4200 y su modificación, en lo concerniente a la disposición en cuestión, debe aplicarse concordantemente con la normativa especial vigente”, concluye.

El 7 de mayo, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 4231 que especifica medidas referidas a la difusión de informaciones contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en la emergencia sanitaria actual.

La disposición única del DS 4231 señala que “las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística que ponga en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

Según explicó este martes la Ministra de Comunicación, en una entrevista con el periódico paceño Página Siete, esta medida no está dirigida a los medios de comunicación o a los periodistas.

“Ocurre que en las redes sociales circula cualquier cantidad de información falsa, las fake news, que ponen en peligro la vida de las personas. En este caso concreto del coronavirus, hay gente que está incitando y llamando a las personas a romper la cuarentena”, afirmó la autoridad en referencia a los casos registrados en las recientes semanas en las ciudades de Santa Cruz, Beni y Oruro.

“Hay gente que está tratando de provocar desorden. Este decreto no está dirigido a los periodistas, está dirigido a esa circulación de noticias falsas en las redes sociales”, enfatizó Fernández.