El ministro Álvaro Coímbra. (Foto: Ministerio de Justicia)

Gonzalo Pérez / Bolivia Digital

Autoridades del Ministerio de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se reunieron en Sucre para estructurar el protocolo de actuación del Órgano Judicial durante y después de la pandemia, y así garantizar el derecho de acceso a la justicia de la población boliviana.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, indicó que uno de los puntos abordados en la cita fue la preocupación de la población litigante respecto a la liberación de “feminicidas y personas violentas, aprovechando la situación de la pandemia”, en referencia a la actuación de abogados, jueces y fiscales sobre la incorrecta aplicación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Lucha contra la Violencia hacia Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

Coímbra explicó que se debatieron los nuevos retos que debe enfrentar el Órgano Judicial durante la pandemia, la cuarentena y después de esta para seguir operando, refiere un comunicado institucional.

La autoridad advirtió que una vez que culmine la cuarentena sanitaria, la vida de los bolivianos no será la misma y se convierte en la oportunidad para modernizar el Órgano Judicial.

“Tenemos una agenda que será trabajada en las próximas semanas para tratar de reducir la carga procesal y la retardación de justicia. Antes de la pandemia, por ejemplo, ya habíamos sugerido modernizar Derechos Reales, los registros, las plataformas que emiten certificados, el REJAP, el SIPPASE (…). Hablaremos con las empresas encargadas sobre las plataformas y licencias para adquirirlas o comprarlas”, puntualizó.

También explicó que en la reunión trataron las dificultades —como el acceso a internet y el manejo de plataformas virtuales— que deben ser superadas para que las audiencias virtuales se lleven a cabo.

“Primero, la plataforma actual (BlackBoard) no es la idónea para temas judiciales. Segundo, hay deficiencias en el acceso a la justicia a través de estas plataformas, principalmente en las víctimas, porque muchas no cuentan con un servicio de internet y ven dificultoso el acceso a las plataformas. Por otro lado, también hay que garantizar el ancho de banda para llevar adelante las audiencias, sin interrupciones; no queremos que las audiencias tengan impugnaciones y demandas más adelante”, afirmó.

En la reunión participó la presidenta del TSJ, María Cristina Díaz; los magistrados Carlos Egüez, Ricardo Torres y Esteban Miranda; los viceministros de Justicia y Derechos Fundamentales; Huberth Vargas, de Lucha contra la Corrupción y Transparencia Institucional; Guido Melgar y de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.