POL 12 -F1- GRABOIS_TWITTER

 

Redacción central – Edición impresa

Ministros y parlamentarios coincidieron en señalar que la Misión Solidaridad Argentina, que visitó el país, incurrió en injerencia en asuntos internos y realizó una campaña política antes que una defensa de los derechos humanos.

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, sostuvo: “Las personas que llegaron a nuestro país lo que están cometiendo es injerencia; al llegar a Bolivia, tratar de convulsionar y cometer los delitos de falsedad porque ellos hablan de una supuesta crisis violenta que existe en Bolivia”.

Dicha delegación, conformada por 39 personas entre dirigentes de organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos y juristas del vecino país, entrevistó a personas que participaron en las movilizaciones en la ciudad de El Alto.

Luego de su visita emitieron una “declaración preliminar” en la que aseguran que en Bolivia hubo un golpe de Estado, que hay un gobierno de facto y violaciones a los derechos humanos, basados únicamente en los testimonios de ese sector de la población.

Un grupo de vecinos de la zona Sur de La Paz los invitó a que escuchen sus testimonios, pero no acudieron.

Al respecto, Lizárraga sostuvo que la delegación argentina —liderada por el activista Juan Grabois— “es un enviado del régimen de la señora Cristina (Fernández de) Kirchner, que está abriendo el camino para agitar aquí en el país y que pueda estar más tranquilo Evo Morales en Argentina y poder convulsionar más el país”.

Para el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, el trabajo realizado por ese grupo de activistas “no merece mayor relevancia”, ya que más que una defensa de los derechos humanos hubo una campaña política y un uso indiscriminado de la mentira en sus declaraciones y documentos presentados.

“Dicen que hay un gobierno de facto, pero un gobierno de facto no deja que alguien venga a hacer actividad política contraria, peor si es extranjero. Ellos vinieron a hacer actividad política partidaria”, aseguró el titular de la Presidencia.

Grabois y los otros integrantes de esa delegación “vinieron a mentir institucionalmente. ¿Qué elemento probatorio tienen de todas las afirmaciones que dicen?”, cuestionó Justiniano.

Activistas políticos

Para el senador Óscar Ortiz, el grupo que llegó a Bolivia fue de “una comisión parcializada, compuesta más por activistas políticos que por realmente personas que vengan a hacer un informe con objetividad e imparcialidad” en la investigación de los hechos ocurridos.

Ortiz indicó que, a diferencia del gobierno del expresidente Evo Morales, en la actualidad se tiene una política de “puertas abiertas” a las instituciones para que investiguen todos los aspectos ocurridos después de la dimisión del exmandatario.

Puso de ejemplo que, además de la delegación argentina, estuvo en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también elaboró un informe sobre lo acontecido. “En el gobierno de Morales nunca se permitió la llegada de la CIDH”, puntualizó.

El diputado Gonzalo Barrientos manifestó que los activistas argentinos no realizaron un trabajo objetivo ni imparcial.

Grabois, investigado por retención de salarios de cartoneros

El periodista argentino Jorge Lanata reveló —en su programa Periodismo para todos— que el activista Juan Grabois es investigado por la justicia de su país por la retención de un porcentaje de los salarios de los cartoneros y utilizar cooperativistas textiles como propias.

Además, en el reportaje titulado “El negocio de la pobreza”, Lanata aseguró que Grabois consiguió que el gobierno de Mauricio Macri le aprobara “un programa de emergencia social por 30.000 millones de pesos”, que le permite realizar sus actividades políticas y atender a los sectores que representa.

El abogado de 36 años “no se enriquece en lo personal, pero usa plata del Estado para construir territorialidad y poder”, aseveró el periodista argentino.

Recientemente, Grabois estuvo implicado en una polémica por cuestionar a la transnacional Nike por una supuesta “esclavización” de sus empleados y argumentó que no usaría esa marca de calzados para “no alimentar al imperialismo”. Horas después se publicaron algunas fotos del activista luciendo unas zapatillas negras con un visible logotipo de esa marca.

Las dos versiones

La Misión Solidaridad Argentina asegura que en el país hubo 32 muertos, 376 heridos, 27 procesados por la vía penal y 994 arrestados, según publica en su cuenta de Twitter.

El Ministerio Público de Bolivia hizo conocer que durante las protestas hubo 29 fallecidos, 33 heridos y 368 casos abiertos por terrorismo, sedición, incitación a la violencia, daños a la propiedad privada, asociación delictuosa, entre otros delitos.