Jaime E. Buitrago Romero

El artículo 216, Delitos contra la salud pública, del Código Penal boliviano establece textualmente que “incurrirá en privación de libertad de uno a diez años, el que: 1.- Propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias. 2.- Envenenare, contaminare o adulterare aguas destinadas al consumo público o al uso industrial, agropecuario y piscícola. 3.- Envenenare, contaminare o adulterare substancias medicinales y productos alimenticios. 4.- Comerciare con substancias nocivas para la salud o con bebidas y alimentos mandados inutilizar. 5.- Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas. 6.- Provocare escasez o encarecimiento de artículos alimenticios y medicinales, en perjuicio de la salud pública. 7.- Quebrantare medidas de sanidad pecuaria o propagare epizootias y plagas vegetales. 8.- Expandiere o suministrare drogas o substancias medicinales en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica. 9.- Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población”.

El inciso 9 del artículo 216 del Código Penal bien puede aplicarse al personal médico que se encuentra en paro de actividades porque definitivamente realiza un acto que de una u otra manera afecta a la salud de la población, por lo tanto estaría incurriendo en un delito contra la salud pública y eso es irrefutable porque dejar de atender a los enfermos afecta en gran medida a la ciudadanía. Reitero que quien cometa este delito puede ser pasible a ser privado de libertad entre uno a diez años. Las cosas no quedan ahí, el artículo 219 señala que la pena será aumentada “en un cuarto, si hubiere peligro de muerte para alguna persona”. “En un tercio, si el hecho fuere la causa inmediata de la muerte o lesiones graves de alguna persona”.

Los médicos bolivianos, que ya se encontraban en huelga, declararon la extensión del paro por 15 días más en rechazo y derogación de la Ley de Emergencia Sanitaria promulgada hace dos semanas. “El pueblo necesita médicos comprometidos con su pueblo y no con sus bolsillos e intereses personales”, dijo el presidente Luis Arce durante el acto de inicio de la campaña de vacunación masiva contra la Covid-19. La Ley de Emergencia SanitariaS establece la contratación de médicos que hayan estudiado en el interior o exterior del país, además prohíbe la suspensión de los servicios de salud en consonancia con la Constitución Política del Estado, regula el precio de los medicamentos y de los costos de los servicios que brindan las clínicas privadas de Bolivia. Así la gente no será fácilmente presa de la usura de algunos propietarios de clínicas particulares como ya ha sucedido.

Lo cierto es que el Colegio Médico respaldó en un inicio la norma que ahora rechaza, incluso después de haber logrado la incorporación de reformas al texto original en asuntos tales como la contratación de médicos y la prohibición de suspender los servicios. Los galenos alegan que dicha Ley vulnera sus derechos, nada más falso si hacemos un análisis de la norma. Esto hace entrever que los intereses de algunos de sus dirigentes son políticos y probablemente económicos. Este sector se opuso a los diferentes proyectos de salud que quiso poner en marcha el Gobierno que fue derrocado en 2019, incluso se opuso a la vigencia del Sistema Único de Salud (SUS) gratuito y universal con todos sus bemoles.

Durante los 11 meses de la administración forzada de Jeanine Áñez, que dejara en su haber 36 muertes en Senkata y Sacaba, los médicos no hicieron ninguna protesta y mucho menos un paro, es más el sector apoyó abiertamente a ese régimen. Aún con su protesta de ahora que provoca dolor e incertidumbre, Bolivia será el tercer país de América Latina con el mayor porcentaje de población inmunizada contra la Covid-19 mediante el uso de las 500.000 vacunas chinas Sinopharm. Lo que queda es continuar con esa política de inmunización que tanta falta le hace al pueblo boliviano y posteriormente afrontar con firmeza la intransigencia de los médicos indolentes y carentes de ética pues con sus acciones han pisoteado el juramento hipocrático. (Jaime E. Buitrago Romero es periodista)