Los fiscales Jhimmy Almanza y Richard Villaca emitieron la orden de captura del expresidente Evo Morales Ayma, acusado de haber cometido delitos de terrorismo y sedición contra el país, delitos de lesa humanidad, como los definió el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

La acusación principal está basada en las instrucciones que el cocalero dio por teléfono a su partido, desde México, para que hiciera todo lo posible para evitar que las ciudades de Bolivia reciban alimentos y cuenten con agua potable.

Que un expresidente, que encabezó el país durante casi 14 años, no se hubiera encariñado con el pueblo al que gobernó y llegue a ordenar que las ciudades sean cercadas para que la gente muera de hambre es, definitivamente, un delito de lesa humanidad.

Matar de hambre a un pueblo porque ha decidido retirarlo del poder, expulsarlo por sus atropellos a la democracia, por haber ordenado un fraude electoral descomunal, como lo verificó la OEA, es también un gesto vengativo y perverso.

El acusado ha reaccionado diciendo que esa orden es ilegal, pero que le fortalece para seguir en la político, y lo hizo desde Buenos Aires, donde recibe un tratamiento excepcionalmente cordial, como el que se otorga a mandatarios en ejercicio, y cuenta con una ayuda económica de 66 mil dólares mensuales del Gobierno peronista.

El monto asignado por la administración de Alberto Fernández al cocalero es excesivo para cubrir los gastos de una persona, lo que le da margen para cubrir gastos que pudieran tener relación con propósitos conspirativos contra Bolivia, desde un país extranjero.

El refugiado tiene también casas a su disposición en Orán, provincia de Salta, muy cerca de la frontera con Bolivia, y en Salvador Mazza, directamente en la línea fronteriza, todo facilitado por el peronismo en el poder, que no reconoce al gobierno de Jeanine Áñez.

Esto pone al cocalero en condiciones de provocar desde la frontera para convulsionar Bolivia, cuando el país se encamina a reponerse de la dictadura de 14 años en elecciones que debe organizar un nuevo Tribunal Electoral Plurinacional con vocales elegidos de manera civilizada y con la participación de disidentes del MAS.

El país tiene que rehacerse, tiene que recuperarse del torbellino de desgobierno, de robo, de saqueo, de despilfarro, pero también es necesario poner a los culpables en el banquillo de los acusados, que es lo que ahora la justicia ha ordenado.

Luego vendrá el momento del juicio de responsabilidades. Por ahora se trata de un juicio ordinario, por delitos cometidos por Morales después de haber renunciado, ya sin la inmunidad que le daba el cargo de presidente.

El juicio de responsabilidades será posible también gracias a que los disidentes masistas del parlamento aceptan que las atrocidades cometidas por el gobierno del cocalero deben recibir la sanción que corresponda.