La organización de alcance global Amnistía Internacional (AI) presentó un informe que da cuenta de los derechos vulnerados durante la etapa que sobrevino tras los comicios fallidos de 2019. Se trata de un reporte relevante porque pone la mirada en las responsabilidades del Estado, cuando aún era controlado por Evo Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El informe, “Para sanar la pandemia de la inmunidad”, establece que el expresidente Evo Morales incentivó violaciones a derechos humanos una vez que la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció la existencia de una “manipulación dolosa” en la transmisión de datos de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Amnistía Internacional señala que, en diferentes momentos de dicha crisis, altas autoridades del gobierno, incluido el expresidente Morales y sectores afines a él, emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros (o bloqueo de las personas que protestaban por el fraude electoral) continuaban.

Ante este escenario, el viceministro de Justicia, Huberth Vargas, señaló que el documento “es de los pocos que son responsables y que hasta ahora realizaron organismos de defensa de los derechos humanos”.

«No solamente hace referencia a esa violación de derechos humanos, sino también señala que existieron graves ataques contra exdefensores del Pueblo, como el señor Waldo Albarracín, quien fue herido con un objeto contundente y cuya casa (luego) fue incendiada por una turba de alrededor de 400 personas”, agregó Vargas, en una conferencia de prensa.

Remarcó que el documento también se refiere a la violación de la libre expresión de algunos periodistas, como Casimira Lema, cuyo domicilio igual fue incendiado, además del analista Edgar Villegas y la periodista Jimena Galarza, que del mismo modo recibieron amenazas de grupos violentos.

Por otra parte, según el Ministerio de Justicia, el informe internacional solicita que se realicen las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata.

También pide que se indague presuntas vulneraciones a la libertad de expresión en el contexto de la pandemia del coronavirus y, finalmente, realiza una serie de recomendaciones en materia de derechos humanos que están dirigidas a los candidatos presidenciales de las próximas elecciones.

«Nosotros invitamos a organizaciones defensoras de derechos humanos, que sean así de responsables (como Amnistía Internacional) y que realicen las investigaciones para denunciar la violación de derechos humanos», manifestó Vargas.

La autoridad recodó que, a diferencia de esta institución, otros organismos se dedicaron solamente a emitir informes completamente parcializados, demostrando que siguen siendo «tentáculos del denominado Socialismo del Siglo 21 que encubren a delincuentes».

Morales candidateó a la presidencia por tercera vez consecutiva a pesar de los límites legales que están establecidos en la Constitución Política del Estado. Lo hizo, incluso, por encima de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó la posibilidad de repostularse a la reelección.

Tras pasarse por la torera la voluntad popular de ese proceso, que por cierto también vulnera el derecho a elegir de los ciudadanos, Morales se apoyó sin descaro en ese mismo precepto establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos para reclamar que, precisamente, tenía ese “derecho” a ser elegido.

Cerró el 2019 con el fraude electoral y liderando un grupo de sus seguidores que estaban lo que llamaron “guerra civil”. Hoy el país se ha pacificado y los tambores de guerra del MAS ya no tienen el mismo efecto. El país no es el mismo.