Redacción central – Edición impresa

El Gobierno de Bolivia desahució ayer la decisión de su similar de México, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, de activar una acción jurídica en contra del Estado Plurinacional en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el “asedio policial y militar” en contra de  su legación en La Paz.

Muy temprano, en la habitual conferencia matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, su canciller Marcelo Ebrard precisó que el “instrumento jurídico” presentado en la Corte es por “violación a obligaciones diplomáticas” por un “posible incumplimiento al respeto a las sedes diplomáticas” de su país en donde están asilados nueve exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales, de los cuales cuatro tienen orden de aprehensión.

Ebrard dijo que esta “intimidación” de personal militar y policial a la embajada y a la residencia mexicana empezó el 23 de diciembre cuando aparecieron “90 elementos”, superando los seis habituales que realizan la labor de custodia.

Lo que se quiere con la acción jurídica, de acuerdo con Ebrard, es que se “preserve la integridad de las acciones y de las personas que se consideran parte de territorio mexicano” al encontrarse dentro de la embajada y de la residencia mexicana.

Frente a la decisión del Gobierno mexicano, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, desahució la acción jurídica.

“Yo me resisto a creer que el Gobierno mexicano se arriesgue a instaurar una demanda ante la Corte por hechos fácticos que no se han dado, por simples presunciones, sería una demanda que sería rechazada inmediatamente por la Corte (…) deberían retractarse porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México ni ha violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, afirmó.