La droga incautada expuesta en la ciudad de El Alto. (Foto: Archivo)

• Roberto Medina Buezo

A inicios de enero de 2020, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) secuestró 1.435 kilos de clorhidrato de cocaína, que pretendían ser enviados a Bélgica mediante la empresa de exportación Daysol, camuflada en horcones (madera); sin embargo, días después desaparecieron más de 430 kilogramos.

Al respecto, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) en Bolivia, Thierry Rostan, confirmó que dentro de las acciones de verificación física de la droga hallada se registró que 18 de 60 horcones no contenían la sustancia controlada.

“Lo que significa una variación en el peso reportado inicialmente y el verificado, de 1.435 kilos a 1.005 kilos”, develó.

Ese operativo se realizó en la ciudad de Santa Cruz —Zona Franca, avenida Néstor Galindo a la altura del Parque Muralla—, donde una patrulla de la FELCN inspeccionó un contenedor con mercadería de madera alistonada Sirari, para exportación, realizada por la empresa Claudia Gardenia García Salifrank-Daysol Import Export, que saldría por la Aduana de Tambo Quemado con destino final a Bélgica.

“Son $us 4,5 millones de afectación al narcotráfico en Bolivia, y en su destino final que era Bélgica son $us 64,5 millones que hemos (afectado) al narcotráfico”, informó en aquel entonces el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en conferencia de prensa en El Alto.

“Se incautó casi tonelada y media en enero de 2020 y cuando la UNODC fue a hacer la validación del informe, desaparecieron más de 400 kilogramos y eso es lamentable porque cuando se presentó el operativo estaba presente Arturo Murillo”, manifestó ayer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Otro hecho de corrupción durante la administración de Murillo se evidenció durante un acto de destrucción de cocaína en Beni. En el momento del pesaje y cuantificación de la sustancia controlada, la UNODC verificó la sustracción de siete paquetes.

“No hay investigados ni procesados por la desaparición de los 430 kilogramos de cocaína. Si en nuestro Gobierno desaparecen, aunque sea 100 gramos vamos a encontrar a los responsables porque no vamos a tolerar conductas que protejan al narcotráfico, como lo hizo Arturo Murillo”, dijo Del Castillo.

CRECIÓ EL NARCOTRÁFICO

Durante los 11 meses del gobierno de Jeanine Añez se benefició al narcotráfico, y los narcotraficantes se rearticularon principalmente en el oriente para llevar cocaína a países vecinos; como el caso de Jorge Roca Suárez ‘Techo’e Paja’, quien volvió a dedicarse a este ilícito hasta que fue detenido en Perú.

En enero, Thierry Rostan aseguró que en 2020 no hubo interés de las exautoridades en luchar contra ese flagelo.

“Observamos durante la pandemia que los narcotraficantes se rearticularon, organizaron zonas de acopio de cocaína para la transferencia a países de la región, como Paraguay y Brasil, pero lo más importante es que se activó un puente aéreo de avionetas a los países de la región, mientras que cuando acopiaban la droga usaban la Hidrovía Paraguay-Paraná para sacar la droga hacia África y Europa”, dijo.

El trabajo de Murillo se centró en atacar, criminalizar y perseguir a los dirigentes y productores de coca del trópico de Cochabamba.

“No estamos erradicando en la zona (Chapare), tenemos fuerte control al narcotráfico y ayudamos a controlar que no se mueva la gente, pero la erradicación de coca —por estos días— ha pasado a segundo plano”, afirmó Murillo en abril de 2020.

Cansados por el creciente ilícito del narcotráfico, en el mes de junio, pobladores de Bella Vista, en el municipio beniano de Magdalena, retuvieron una avioneta que era usada para el trasiego de sustancias controladas y la expusieron en la plaza central.

“El narcotráfico opera de manera descarada, por ello la tranquilidad de la población ha sido alterada”, detalló un poblador que evitó dar a conocer su identidad por temor a represalias.

Se supo extraoficialmente que, al día, al menos se realizaban 30 vuelos de avionetas desde y hacia Beni.

La droga ingresaba desde Perú y mediante puentes aéreos pasaba hasta Brasil y en otros casos a Chile.

UNODC confirma que en 2020 disminuyó la lucha contra las drogas

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) presentó ayer su informe de la destrucción de drogas incautadas en Bolivia durante 2020 y confirmó que en la administración de Jeanine Añez el combate a este delito transnacional pasó a segundo plano.

“Observamos una disminución en la destrucción de coca excedentaria, incautaciones de sustancias controladas y en el número de operativos, en comparación a otros años. Es preocupante que no hubo la voluntad de incrementar los operativos y brindar mayor eficiencia”, señaló Thierry Rostan.

El informe detalla que en 2020 la FELCN y el Ministerio Público ejecutaron 467 actos de destrucción de drogas ilegales, 14% menos que en 2019, cuando se efectuaron 543 actos.

Los uniformados y personal de la Fiscalía incautaron 9.832 kilogramos de cocaína base, 5.867 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 6.530 kilogramos de marihuana para expendio.

“Es importante que la UNODC haga notar que en el anterior régimen se redujeron las incautaciones de cocaína, operativos, erradicación y las diversas tareas. No se realizaron operativos por más de 178 días, lo que demuestra que durante el 40% de la gestión anterior no se ha luchado contra el narcotráfico”, dijo el ministro Del Castillo.

En 2018 hubo 14.000 operativos antidroga, mientras que durante la administración de Jeanine Añez sólo fueron 8.000, puesto que el gobierno transitorio tenía otras prioridades.

“La herencia que dejó el gobierno de facto de Añez fue la ampliación de las hectáreas de producción de coca, porque de 23.100 hectáreas que había en 2018, esta cifra habría subido hasta 32.000 en 2020. Estamos mucho peor que en la gestión 2005”, manifestó.

ERRADICACIÓN

Hasta 2018 se tenía un promedio de 11.000 hectáreas erradicadas de coca ilegal por año; sin embargo, en 2019 no se cumplió con la meta por el golpe de Estado.

En 2020 sólo fueron erradicadas 2.000 hectáreas ilícitas.

Para este año la meta es llegar a destruir 9.000 hectáreas.

“Encontramos la FELCN debilitada en lo logístico, aeronaves sin mantenimiento ni seguros, entonces esto repercute en la erradicación porque ni siquiera usando los recursos y mecanismos pudieron hacer gestiones mínimas para erradicar la coca excedentaria. Por si fuera poco, evidenciamos varios actos de corrupción, ya que el dinero de la comunidad internacional fue mal usado. Los recursos fueron mal usados y desviados, y aun así no lucharon contra las drogas”, estableció.

Del Castillo afirma que el Ejecutivo no permitirá injerencia de ningún tipo

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó enfáticamente que Bolivia hará respetar su soberanía en las decisiones respecto a la lucha contra el narcotráfico y que no permitirá injerencia de ningún tipo.

“Son políticas soberanas que tenemos en nuestro país, jamás vamos a tolerar ningún tipo de injerencia porque estamos demostrando que el trabajo realizado en Bolivia junto a la cooperación internacional en la lucha contra las drogas rinde grandes frutos”, dijo.

En 2020, la UNODC pidió al Gobierno revisar la Ley 906 General de la Hoja de Coca, porque consideraba que tenía datos inflados sobre las hectáreas de coca.

“Esperamos que sea un caso aislado porque no podemos permitir, como Gobierno democráticamente electo, como un Gobierno soberano que le interesa el bienestar del pueblo boliviano y de la comunidad internacional, que se reciba ningún tipo de injerencia, y mucho menos en la lucha contra el narcotráfico con estos resultados tan exitosos. Esperamos que no se vuelva a repetir porque la ley es un tema de soberanía”, afirmó.

Al respecto, Thierry Rostan tomó la observación de Del Castillo “como un consejo de un amigo” y añadió que la UNODC trabajará con el Estado boliviano sobre la Ley 906 y su aplicación.

“El Ministro tiene toda razón porque se trata de un comentario que se hizo en 2020 y que no tiene sentido actualmente. Tomamos nota de la sugerencia porque es la ley boliviana y se mantiene. Nosotros no vamos a entrar a la injerencia”, manifestó.

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