La fundición de Vinto le debe a los mineros 40 millones de dólares por mineral entregado en los últimos años, mientras la mina Huanuni registró una pérdida de 8 millones de dólares en la gestión pasada.

Todos los días, sin que nadie se hubiera propuesto, como ya lo hemos dicho, surgen este tipo de noticias que muestran el grado de ineptitud, además de corrupción, con que se manejó la cosa pública desde 2006 hasta el 10 de noviembre pasado.

La peor, por el monto que representa, y que hemos mencionado en “Bolivia”, es la referida a Bulo Bulo, la planta de urea que ha llegado a la situación paradójica de que es mejor que deje de funcionar, porque así no pierde dinero, a pesar de que el Gobierno anterior gastó en ella 1.200 millones de dólares.

En 1984, después de tres décadas de haber sido creada, la empresa Comibol había llegado a la misma situación: perdía menos dinero cuando había huelga, algo que lo dijo entonces el gobierno de Hernán Siles Zuazo. En el caso de Bulo Bulo, solo después de dos años de estar operando la planta ha llegado a esa situación de crisis terminal.

Mientras se dan estas noticias, el presidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte, dice que la deuda externa del país es ahora de 11.056 millones de dólares, lo que obliga a recordar que en 2006, cuando el MAS asumía el gobierno, esa deuda era de solamente 2.000 millones dólares gracias a una condonación gestionada por gobiernos anteriores.  Y también es preciso recordar que, gracias a los altos precios de las materias primas, entre 2008 y 2014 el país recibió ingresos por exportaciones equivalentes a los que recibieron anteriores gobiernos durante 70 años. Pese a eso, la deuda externa se disparó de 2.000 a 11.056 millones de dólares.

Lo que hizo el anterior Gobierno con todo el dinero que recibió es un capítulo aparte y seguramente ha de ser mencionado, en detalle, cuando se haya abierto el juicio de responsabilidades correspondiente, para lo que será preciso traer del exterior a todos los responsables de este gigantesco despilfarro.

Pero como la vida continúa, las nuevas autoridades están ocupadas en resolver los temas pendientes, que se parecen a bombas de tiempo dejadas a propósito por los anteriores gobernantes.

Las autoridades de hidrocarburos han logrado un acuerdo para resolver el tema de la deuda de gas que tiene Bolivia con Brasil, en una gestión que debía haberse hecho a principios del año pasado. Y también avanzan esas mismas autoridades en el propósito de llegar a un acuerdo con Argentina para definir nuevos volúmenes de exportación de gas.

Todo eso en medio del desolador panorama de la producción insuficiente, resultado de una política de atracción de inversiones concebida con el criterio de ahuyentarlas. Las negociaciones con Brasil tienen que consistir en pedir que, por favor, soliciten menores volúmenes de gas de los que figuran en el contrato, y que el gas adeudado sea programado para entregas futuras.

La herencia dejada por el gobierno del cocalero fugado es un pesado lastre para la economía boliviana, pero las autoridades están trabajando para encararlo con responsabilidad.