No son visibles los detalles de las nuevas políticas económicas del Gobierno constitucional transitorio —concentrado en la pacificación del país—, aunque sí ha quedado clara la voluntad de poner freno a la política de excesos que dominó al régimen masista. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, señaló que el plan de la administración en curso es aplicar la austeridad para reducir las resultas del despilfarro heredado y aminorar la incertidumbre respecto al futuro de la economía boliviana. 

Pero la austeridad o moderación en los gastos puede también tener efectos negativos en el bolsillo de la gente. Nunca popular, la austeridad es a menudo una medida vital para equilibrar una situación económica precaria; en todo caso, es necesario tener un pulso muy firme y especiales dotes para evitar una crisis potencial.  

En Argentina, las políticas socialistas (“progresistas”, como los izquierdistas urbanos etiquetan a la ola) y la corrupción del kirchnerismo entre 2003 y 2015 causaron mayores desajustes en la economía del vecino país, según algunos economistas. El caso argentino debe ser mirado con lupa por nuestros nuevos líderes bolivianos porque es una lección sobre dificultades y costos del intento de resolver una crisis financiera heredada del populismo. Mauricio Macri, reconocido empresario que había tenido éxito en todos sus emprendimientos privados, no pudo poner en vereda al país que le dejaron Néstor y Cristina Kirchner. Las “lecciones argentinas” merecen un riguroso estudio, especialmente en lo que concierne a las duras políticas que introdujo el expresidente Macri, en un intento fallido por revertir la malograda situación. 

Es evidente que durante la década pasada hubo demasiada discrecionalidad en el uso del dinero de todos los bolivianos. Recursos que pudieron ser utilizados de manera mucho más efectiva: la falta de inversiones en salud y educación —por citar las áreas más elementales— en los casi 14 años en el poder, cuando los ingresos fueron más de cinco veces mayores a los que habían recibido los gobiernos anteriores, es inaceptable. Los efectos de esa falta de visión serán negativos y perjudicarán a por lo menos una generación de bolivianos. 

Los números hablan por sí solos: “Hay cinco años de déficit fiscal, hay cuatro años de déficit comercial y un gasto realmente excepcional que no se ha visto en el crecimiento económico, se ha gastado en los 14 años anteriores una cantidad de Bs 56.000 millones”, dijo el ministro Parada. 

La memoria es frágil y corta, pero la lista de irregularidades es larga y es deseable que nadie olvide los multimillonarios desfalcos al Fondo Indígena. La trama de corrupción involucraba a decenas de proyectos destinados a acciones de desarrollo en zonas campesinas y suponía transferencias a cuentas de particulares vinculados con el anterior gobierno.   

Uno de los capítulos más llamativos del “despilfarro”, según dijo el ministro en una entrevista de prensa, corresponde al gasto del anterior gobierno en pasajes y viáticos de los “movimientos sociales” bolivianos, casi siempre afines al masismo, que debían viajar al exterior para propósitos del “socialismo del siglo XXI”. Dirigentes —con frecuencia más de un centenar— que viajaban tres o cuatro veces al año y que recibían viáticos de más de 150 dólares por día. No eran funcionarios del gobierno, sin embargo, recibieron los beneficios como se hubiesen sido miembros. Es probable que cuando haya concluido el balance que realiza ahora el Gobierno se tenga una idea de los montos desviados en los largos 14 años. 

Otro preocupante ejemplo es el pago que hizo la anterior administración a delegaciones que llegaron para la reunión del G-77 en 2015. A estos grupos oficiales se les pagaron los pasajes, incluso desde Asia (muy caros), y viáticos (por supuesto muy elevados) porque eran altos funcionarios extranjeros. Algunos países del G-77 habían decidido no asistir a la reunión de Santa Cruz de la Sierra, sobre todo porque ningún encargado de preparar el encuentro lo hacía en su propio territorio. Un año antes, el turno había sido de Argentina y la reunión se realizó en un ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York; el costo fue inferior a los 10 mil dólares. La reunión organizada por Bolivia —sin contar el detalle de los pasajes y los viáticos— sobrepasó los 60 millones de dólares, además de los gastos de la construcción de avenidas especiales, con el objetivo de proyectar una imagen de alto desarrollo y convencer al mundo de que Evo Morales era un líder mundial.

Todo tiene su tiempo y este es un delicado momento. La presidenta Jeanine Áñez subrayó que su prioridad es la pacificación del país, imprescindible para organizar unas elecciones libres y justas. Sin embargo, en apego a las leyes vigentes que el masismo nunca se cansó de decir que eran para todos —aunque evidentemente menos para ellos en su aplicación—, en un futuro próximo este o el próximo gobierno deberá iniciar las investigaciones y procesos para establecer responsabilidades. 

El mal manejo de la economía y las prácticas corruptas del gobierno de Evo Morales no deben servir como ejemplo a futuros gobiernos tentados de abusar del poder para prolongarse o enriquecerse. Es hora de poner un punto. De momento, el anuncio de austeridad, ingrato precio para todos.