La sesión de diputados de este martes que aprobó la Ley de condonación de alquileres. (Foto: Prensa Diputados)

Gonzalo Pérez Bejar / Bolivia Digital

La Cámara de Diputados aprobó hoy el Proyecto de Ley 636/2019, referido a la “Cancelación a plazos del canon de alquiler y condonación parcial del impuesto Municipal y Anual a la propiedad RC-IVA”, en su estación en grande y detalle.

La norma de cinco artículos y dos disposiciones finales tiene como objetivo el establecer “un mecanismo que permita a personas de escasos recursos que se hallan en calidad de inquilinos limitar la obligación mensual por efectos de la propagación del COVID-19”.

El proyecto de ley propone que el propietario o arrendador condone el 50% del pago del canon (renta) de alquiler de vivienda hasta un máximo de Bs 5.000; de tiendas, comerciales y/o prestación de servicios hasta Bs 7.000; e industriales hasta Bs 15.000. Asimismo, se dispone el congelamiento del monto acordado de alquiler de inmuebles destinados a vivienda y comerciales hasta diciembre de 2020.

El plazo para la vigencia de la mencionada norma será desde cumplido el mes de abril hasta dos meses posterior a que concluya la cuarentena total y emergencia sanitaria que se implementó desde el 22 de marzo como consecuencia de la propagación del coronavirus en territorio nacional.

Los responsables de hacer cumplir la norma serán los gobiernos municipales en coordinación con el Órgano Ejecutivo para establecer la cantidad de personas que se encuentran en esta situación e identificar a los beneficiados de dicha condonación.

En el artículo quinto se establece que “podrán ser beneficiarios de esta condonación también aquellas personas que están sujetas a contrato de alquiler de locales comerciales y otros, previo acuerdo con los propietarios y a cuyo fin los gobiernos departamentales y municipales deberán generar planes de exenciones tributarias para propietarios de inmuebles que acepten esta condonación”.

De acuerdo con el procedimiento, el Reglamento debe ser presentado en el lapso de 15 días posterior a la promulgación de la misma y los gobiernos municipales identificar a los beneficiarios 20 días después de promulgada la norma.