Frontis del edificio de la Universidad Pública de El Alto. (Foto: Archivo)

Bolivia

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Juan José Jáuregui, informó que esa instancia legislativa fiscaliza de oficio las investigaciones para esclarecer las causas del trágico accidente suscitado el martes en la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

En rueda de prensa, Jáuregui afirmó que la fiscalización de los procedimientos investigativos tiene como fin cumplir con los plazos y tiempos estipulados, así como el respeto a los derechos humanos inherentes a todo individuo.

“No podemos ejercer injerencia en el proceso investigativo, pero sí podemos hacer una fiscalización al cumplimiento de los plazos, fundamentalmente al cumplimiento de los criterios estipulados en los artículos 115 y 116 de la Constitución Política del Estado, que señalan el debido proceso y la presunción de inocencia”, afirmó.

Recomendó a las autoridades de la casa de estudios superiores asistir a todas las convocatorias en el marco de las investigaciones para esclarecer el hecho, y recordó que “la autonomía universitaria no te da inmunidad en materia penal”.

El Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó el jueves enviar con detención preventiva a siete dirigentes universitarios investigados.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó que en audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público fundamentó con elementos suficientes que Juan C.Y.C.L., Pablo A.C.P., Wilson Q.CH., Vladimir P.A., Rosa M.M.G., Fanny M.V.C., y Nayeli V.CH.T., en calidad de dirigentes de la Universidad Pública de El Alto, son con probabilidad autores del delito de homicidio culposo y lesiones culposas, que habrían cometido en contra de 11 estudiantes.