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Roberto Medina / Bolivia Digital

Desde el inicio de la cuarentena hasta el 20 de abril, el Ministerio Público registró 867 casos de violencia intrafamiliar en los hogares, cuyas víctimas fueron niñas, niños, adolescentes y mujeres.

La fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, Patricia Bohórquez, al recordar este 25 de abril el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, consideró que en este período de cuarentena se debe poner mucha atención a los conceptos y prácticas patriarcales dentro del hogar, donde se reproduce el dominio masculino sobre mujeres y niños en la familia.

“Como comunidad debemos atender y comprender la necesidad de la desmitificación del respeto por lo privado, del silencio frente a lo que ocurre en un entorno familiar ajeno, la atención de la comunidad debe volcarse necesariamente hacia el interior de los hogares, no debemos ser cómplices de un hecho porque la violencia debe ser denunciada”, sostuvo.

Agregó que el entorno escolar es un elemento con el que no se puede contar en este momento, pero que todas las unidades educativas del país o de aquellas que cuentan con un gabinete psicológico, tienen el deber de generar redes de atención con las familias de las niñas y niños a partir de evaluaciones, llamadas telefónicas y, cuando el acceso a internet lo permita, generar una red primaria de contención e identificación de eventuales situaciones de violencia.

También es imprescindible realizar las denuncias de violencia ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a instancias policiales o de emergencia mediante sus líneas gratuitas durante las 24 horas del día.

“Desde el ámbito judicial, se debe asegurar que los casos judicializados en este período cuenten con el soporte necesario para la aplicación de todas las medidas idóneas, estándares que eviten la revictimización de niñas y niños, y que se permita llevar adelante los actos investigativos imprescindibles e irreproducibles de cara al posterior desarrollo del proceso”, señaló la fiscal, según una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado.

Pidió además la interacción de los gobiernos subnacionales y municipales para la instalación de albergues provisionales y sanitariamente seguros para niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, antes de su ingreso a hogares o centros de acogimiento temporal formales.

“La respuesta estatal y social frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes debe estar completamente compatibilizada con la respuesta a la pandemia mundial y ser de la misma intensidad que esta. Eso es lo que se debe atender en este tiempo”, manifestó Bohórquez.