Las acciones de lucha al contrabando se intensificaron desde noviembre del pasado año, cuando el presidente Luis Arce Catacora asumió el mando del país. Desde entonces, los operativos no cesaron y las instituciones públicas involucradas extremaron esfuerzos para frenar el ilícito que genera un grave daño a la industria y economía nacional.

Como producto de este intenso trabajo de control, tanto en las fronteras como al interior del territorio boliviano, la Aduana Nacional reportó que en lo que va del año se decomisó mercadería ilegal valuada en Bs 306 millones.

El fin de semana, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, realizó un balance sobre los resultados de los operativos que realizan diversas entidades. La autoridad dijo que se ejerce un control fronterizo “más fuerte” en la lucha al contrabando.

De acuerdo con los datos presentados por Montenegro, sólo entre junio y la segunda semana de agosto del presente año, el Comando Estratégico Operacional (CEO) logró decomisar 233 vehículos indocumentados que lograron ingresar al país de manera ilegal.

Este hecho representa una afectación millonaria a los contrabandistas, tomando en cuenta que se llega a confiscar en promedio más de 80 motorizados indocumentados de distinto tamaño y marca.

Las cifras expuestas tanto por la Aduana Nacional como por el ministro Montenegro reflejan los resultados de las políticas de control que se vienen aplicando con la finalidad de proteger a la economía del país, de forma contraria a la gestión del régimen de facto cuando las fronteras quedaron desprotegidas por la reducción de personal policial, militar y aduanero, además de la desaparición de equipos y vehículos destinados a la lucha contra el contrabando, según denunciaron algunas autoridades.

Para fortalecer esta lucha, el Gobierno también creó el Comando Especial de Lucha Contra el Contrabando Agrícola, esto como apoyo y protección de los productores nacionales que se ven afectados con la internación de productos agrícolas extranjeros. En esta unidad participan las tres fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) de manera conjunta.

El 2 de diciembre de 2020, el Ejecutivo decidió activar un plan de control fronterizo y de la seguridad interna del país, bajo el liderazgo de la Aduana.

Las entidades que llevan adelante el plan son la Aduana, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), mediante un trabajo que se desarrolla durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Esta tarea hace posible que cada semana se conozca de decomisos de mercadería ilegal en distintos puntos del país, tanto en alimentos, bebidas, electrodomésticos, computadoras, teléfonos celulares, prendas de vestir nuevas y usadas, vehículos indocumentados, cigarrillos y otros productos.

La actividad ilícita del contrabando genera cada año cuantiosas pérdidas económicas a las empresas, a la industria nacional, a las pequeñas unidades productivas que buscan salir de la crisis y al propio Estado boliviano.