El presidente Arce entrega títulos ejecutoriales a mujeres de comunidades rurales de La Paz.(Foto: ABI)

• Frank Ibañez/

Desde 1953, año en que se inicia la Reforma Agraria, han transcurrido casi 70 años. Hasta 2005, los Gobiernos —en su gran mayoría dictatoriales y de carácter neoliberal— favorecieron con la distribución de la tierra a grandes empresarios. El poder político y económico se impuso en esos años.

Desde 2005 se inicia un nuevo periodo encabezado por el expresidente Evo Morales. Se encamina la distribución y redistribución de las tierras en un “marco social”, en beneficio de los campesinos e indígenas originarios que por años fueron excluidos de su propiedad.

El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Eulogio Núñez, destacó los logros obtenidos desde 2006 e hizo énfasis en que durante esta época de gobierno con el Proceso de Cambio se ha implementado la “cara social de lo que es la Reforma Agraria”.

Núñez destacó que en esta gestión del presidente Luis Arce se han consolidado logros muy importantes, como el titular un total de 91,2 millones de hectáreas en el país, de las cuales —en el marco de la equidad de género— el 45% está en manos de mujeres.

Además sostiene que en esta gestión se logró consolidar como tierras revertidas de latifundios improductivos un total de 120 mil hectáreas en litigio; de esta cantidad se han hecho 267 evaluaciones de asentamientos que tienen cumplimiento de la función social, beneficiando a por lo menos 8.596 familias con cerca de 400 mil hectáreas en favor de indígenas originarios y campesinos. Son programas de asentamiento para los que no tienen tierras, ésta es la parte social de la Reforma Agraria.

Consultado sobre las ventajas y desventajas de la Reforma Agraria, iniciada en 1953, calificó a ésta como un “proceso inconcluso”, ya que solo llegó a las macro ecorregiones del altiplano y los valles, y no a las regiones del chaco, oriente y amazonia.

“Esto fue lo lamentable, ya que los gobiernos que impulsaron esta medida, como es el caso del MNR, con el transcurso de los años la fueron desviando y desvirtuando del objetivo principal. Si bien en ciertas regiones se afectó a los latifundios y se logró que el campesino tenga acceso a la tierra, se dio un efecto contrario en el oriente, chaco y amazonia, donde se llegó a una total distorsión de lo que se había planteado al inicio”, aseguró.

El Gobierno apoya el empoderamiento de las mujeres en el agro.

Recordó un hecho fundamental de la historia del país cuando en 1992, en la gestión del ministro Edim Céspedes, cuando éste se apropió a título personal y de forma ilegal —en alianza de capitales brasileños— de 100 mil hectáreas en el caso denominado Bolibras.

“Es en este momento que se tuvo que intervenir el Instituto Nacional de Colonización y el Servicio Nacional de Reforma Agraria por los casos escandalosos de corrupción; el poder político nuevamente estaba concentrando las tierras del oriente a su favor”, aclaró.

Datos de la época muestran que el 68% de las tierras rurales estaba en manos de medianos y grandes empresarios, solamente un 30% era para comunidades y solares campesinos, y un 2% eran otro tipo de propiedades.

Cuatro años después de este incidente, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, todavía no se emitió ninguna reforma, por lo que la población inició una movilización nacional. Representantes de tierras bajas marcharon hasta Samaipata y en el altiplano se organizaron bloqueos con alfombras de piedras que rodearon las ciudades.

“Es así que bajo esta presión se dicta la Ley INRA, del 18 de octubre de 1996, que establece que se debía regularizar la tenencia de la tierra en el país en un plazo máximo de 10 años.

“Pero luego de este periodo de gobiernos neoliberales —a pesar de la ley— éstos continuaron con la misma política excluyente de entrega de tierras a grandes empresarios. Solo se logró avanzar un 10 por ciento con un impresionante gasto de recursos. Solo se distribuyeron 36 mil hectáreas, lo que realmente fue fatal, ya que no cumplieron con lo establecido en la norma”, explicó.

Núñez destacó que con la llegada al gobierno del expresidente Evo Morales, en 2006, todo esto cambió y se dio un nuevo giro (…) Se marca el inicio de una nueva época social en lo referente al saneamiento de tierras.

“El Gobierno dicta la Ley de Reconducción Comunitaria a la Reforma Agraria y plantea principalmente revertir las tierras en un cien por ciento en un plazo de siete años. Esta nueva norma tenía un reglamento que hacía más expeditos los procesos”, sostuvo.

Luego de cumplirse el plazo en 2012, se evalúa el proceso y se decide dejar abierto sin fecha fija, aunando esfuerzos para agilizar los trámites.

De todos los títulos de tierras entregados por el INRA, el 45% es para mujeres. (Foto: MDRYT)

Como evaluación a lo hecho desde 2006 con el Proceso de Cambio, Núñez remarcó que “se ha cambiado radicalmente la estructura de la tenencia de la tierra, eso es algo que no se puede negar ya que entre indígenas y campesinos el 55% de la tierra rural está en sus manos ya titulada, y para el sector empresarial ahora hay un 15% (13,9 millones de hectáreas), de los cuarenta millones que tenía durante el periodo neoliberal”.

Dijo que durante el golpe de Estado, en 2019, este proceso retrocedió, pues fue un año perdido ya que se retornó al beneficio de los grandes empresarios, como era antes de 2005.

“Durante el retorno a la democracia, en la gestión del presidente Luis Arce se recibe con un 14% de titulación pendiente. Son 14,3 millones de hectáreas en el área rural y de esta cifra 7 millones están en conflicto”, refirió.

Es en este marco que el Gobierno asume el gran desafió de concluir el saneamiento de tierras durante la presente gestión.

“Éste es el mandato del Presidente y en un primer año de gestión se logró reducir a un 11% los pendientes, estamos hablando de 3 millones de hectáreas con titulación. Debemos destacar que la tenencia de la tierra se ha revertido y este proceso —adoptado desde 2005— está priorizando la entrega de títulos a indígenas y originarios campesinos con 25 mil registros el año pasado”, añadió.

El gran desafío que tiene el Gobierno, que no logró la Reforma Agraria ni las décadas de gobiernos neoliberales, es concluir el saneamiento de tierras impulsado desde 2005 con el gobierno de cambio hasta lograr en esta gestión el 100%.