El organismo financiero internacional con presencia en varios países. Foto: RRSS

Bolivia

El Banco Central de Bolivia (BCB) efectuó la devolución del crédito de $us 346,7 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue gestionado de manera irregular por el gobierno de facto de Jeanine Añez en abril de 2020, vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE), la soberanía y los intereses económicos del país.

El presidente del ente emisor, Edwin Rojas, explicó que en abril del pasado año el exministro de Economía José Luis Parada y el expresidente del BCB Guillermo Aponte elevaron una carta de intención al FMI solicitando un financiamiento de emergencia a través del denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) por el equivalente de 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), el cual fue aprobado por el directorio del organismo internacional el 17 de abril y desembolsado el 21 de abril, y registrado en el BCB como deuda externa pública de mediano y largo plazo, el 30 de abril.

“Se ha efectuado la devolución de $us 351,5 millones, de los cuales $us 346 millones son el pago de capital el cual incorpora $us 19,6 millones por variación cambiaria y $us 4,7 millones por intereses y comisiones”, mencionó Rojas.

De acuerdo con la autoridad, el crédito contraído con el FMI representó al Estado Plurinacional un costo de $us 24,3 millones en sólo nueve meses de haberse desembolsado los recursos.

Vulneración y procesos

Luego de un análisis técnico y legal, la actual administración del BCB determinó que dicho crédito vulneró la Constitución Política del Estado, en sus artículos 158 y 322, además de otras normas vigentes, además de imponer una serie de condiciones de orden fiscal, financiero, cambiario y monetario al país, vulnerando la soberanía e intereses económicos de Bolivia.

En ese marco, el presidente del BCB anunció que, en el marco de las normas vigentes, la actual administración del ente emisor procederá a realizar las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan, en contra de los servidores y exservidores públicos que resulten con indicios de responsabilidad por la participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del financiamiento con el FMI.