La Policía Boliviana fue expulsada del Chapare mediante métodos violentos por grupos armados de los cocaleros, con lo que han planteado un gran desafío al Estado boliviano comenzando por las Fuerzas Armadas.

Ninguna región del país, con ningún pretexto, puede declararse ajena a las leyes y a la soberanía boliviana, so pena de ser declarada rebelde y sometida a las medidas previstas por la Constitución.

Las Fuerzas Armadas del país tienen como primera obligación mantener intacta la geografía ante cualquier intento que se propusiera desafiar la soberanía para disminuir el territorio.

No es otra la obligación de las Fuerzas Armadas, por la que debieron intervenir en el pasado cuando se dieron atrevidos intentos por arrebatar a Bolivia algunos territorios.

Es cierto, en el caso del Acre y del Litoral del Pacífico, los propósitos rebeldes tuvieron éxito, pero fue porque estuvieron respaldados por los ejércitos de esos países y de las potencias mundiales que los secundaban.

Este es un caso diferente. Los cocaleros del Chapare no han declarado que quieren crear una nueva realidad política, en territorios que serían arrebatados a la soberanía nacional, pero para que ello ocurra solo falta que alguien lo diga.

Quien dirige a los cocaleros rebeldes tendría que dar la cara y admitir que está propiciando un desmembramiento del país, una reducción de la geografía del Estado boliviano. Pero el dirigente de los cocaleros muestra que solo le interesan sus objetivos políticos y que el destino de Bolivia nunca le importó.

La ventaja que tiene el país ante este desafío es que el país entero está decidido a derrotar a los cocaleros que proponen una economía y leyes diferentes, además de reducir la geografía del Estado boliviano.

El pueblo boliviano derrotó a la propuesta del narcotráfico en octubre y noviembre del año pasado, y la derrotó de manera inapelable, haciendo que sus caudillos huyan despavoridos, decididos a no volver jamás.

Será difícil que esa propuesta tenga apoyo de los bolivianos. Durante 14 años los bolivianos estuvieron meditando sobre el futuro que les espera y decidieron, en octubre pasado, expulsar a los protagonistas y agentes del modelo del narcotráfico.

Muy difícil que los bolivianos cambien de idea en tan poco tiempo. Hace cinco meses decidieron, en una revolución única en el mundo, expulsar a los agentes del narcotráfico para que nunca vuelvan.

Las mafias masistas incrustadas en las estructuras del Estado se creen inmunes, pero no cuentan con que la ciudadanía exige que la expulsión sea completa y definitiva. Y el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez muestra señales de que se propone expulsar a la propuesta del narcotráfico.

El candidato masista, que decía hasta hace poco que con Bs 100 podía vivir una familia boliviana, dice ahora que se necesitan Bs 2.000, sin calcular precios ni la distancia. Su idea de las cifras es muy vaga, como quedó plasmado en su decisión de destinar 4.000 millones de dólares a la propaganda entre 2006 y 2018, y menos de la mitad a la salud pública.

El país estará esperando que la justicia castigue a los culpables del desgobierno más descarado y cínico que haya tenido el país desde 1825.