La Carta Magna establece que la educación se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; no obstante, todo indica que este año se soslayó esa premisa y se truncó el proceso enseñanza-aprendizaje en el nivel regular de la educación con motivo de la pandemia por el coronavirus, por tanto el desafío para la próxima gestión es mayúsculo porque aún persiste el contagio y debe nivelarse a los estudiantes en sus conocimientos correspondientes al curso que dejaron para acceder al siguiente.

El 2 de agosto, cuatro meses antes de la fecha planificada, el Gobierno transitorio de Jeanine Añez determinó clausurar el año escolar 2020 ante las dificultades para avanzar con las clases por la emergencia sanitaria y, según actores educativos, por la ausencia de un plan que hubiera posibilitado hacer frente a esa situación mediante la educación virtual, entre otros medios.

En el momento surgieron muchas críticas a la decisión gubernamental; no obstante, docentes comprometidos y de vocación decidieron impulsar la enseñanza virtual con aquellos estudiantes que así lo quisieron y asumieron el reto, decisión encomiable, porque de por medio ya no figuraba la imperiosa necesidad de aplicarse para aprobar el curso, y más aún porque se trataba de una superación personal; aunque como es sabido ese escenario no fue el de la mayoría debido a que muchos optaron por dejar de lado las clases en apego a la determinación del Ejecutivo de ese entonces.

El 2 de agosto, cuatro meses antes de la fecha planificada, el Gobierno transitorio de Jeanine Añez determinó clausurar el año escolar 2020 ante las dificultades para avanzar con las clases por la emergencia sanitaria.

También hubo maestros que respaldaron la decisión de clausurar la gestión y se replegaron a sus hogares; según denunció la dirigencia del magisterio.

El actual ministro de Educación, Adrián Quelca, anunció el 29 de noviembre en entrevista con un periódico de alcance nacional que se tienen cinco opciones para el retorno a la actividad educativa el próximo año: cursos semipresenciales, virtuales, a través de televisión, radioemisoras y cartillas.

Sin embargo, el VI Encuentro Pedagógico planificado para el 17 y 18 de diciembre en La Paz, que aglutinará a las autoridades del sector, docentes y padres de familia, definirá en última instancia la modalidad del retorno a las labores educativas. En esa reunión se analizará si las clases serán semipresenciales o cuál será la hermenéutica que se utilizará para que los estudiantes no sean perjudicados como en este año a raíz de la clausura de la gestión escolar de manera imprevista y apresurada.

La autoridad destacó que el encuentro directo entre el docente y el estudiante es sumamente importante para avanzar en la enseñanza; aunque todo estará supeditado al número de contagios que se registren en los siguientes meses, tomando en cuenta que las autoridades sanitarias anticiparon un rebrote del coronavirus para el primer trimestre del siguiente año.

En ese marco se constituyó una comisión permanente entre el Ministerio de Educación y el de Salud para que se tenga de manera inmediata el panorama de la evolución del Covid-19.

Ante ese panorama y considerando el pensamiento de José Martí, quien dijo: “Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre”, no sólo las autoridades educativas, sino los docentes, padres de familia y estudiantes tienen un gran desafío para encaminar la educación en Bolivia.