Ahora el Pueblo

El Estado boliviano tiene varias leyes y normativas que protegen a los trabajadores, pero sobre todo les brindan garantías para el cumplimiento de sus derechos.

Entre las principales destaca la estabilidad laboral, el cumplimiento de los beneficios sociales y protección a las personas con discapacidad.

Derecho a la huelga

Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos. (CPE. Art. 53)

Licencias especiales

El Decreto Supremo 1212 dispone otorgar licencia por paternidad de tres días laborales con el goce de su total ganado, a partir del alumbramiento de la cónyuge o conviviente del trabajador del sector privado.

Para los servidores públicos que están comprendidos en la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, se establece que, por nacimiento de hijos, éstos gozarán de tres días hábiles de Licencia por Paternidad.

En el caso de trabajadores, empleados y funcionarios del sector público que no están comprendidos en la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, se aplicará lo establecido para el sector privado.

También se dispone una licencia de tres días con el goce del 100% de sus remuneraciones a los progenitores, tutores y responsables de menores de 12 años que hayan sufrido un accidente grave o enfermedad grave.

Inamovilidad laboral

Se benefician con la inamovilidad laboral las dirigentas y los dirigentes sindicales (fuero sindical); madres y padres progenitores; y las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad.

Los y las dirigentes gozan de fuero sindical, no serán despedidos hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical.

En el caso de los progenitores, se garantiza su inamovilidad laboral hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.

La Constitución determina que toda persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo con sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa.

Resolución de conflictos

El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resuelve todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social.

Sistema cooperativo

El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social y no lucro de sus asociados. El Estado fomenta y regula la organización de cooperativas mediante la ley.

Beneficios sociales

El desahucio es la compensación económica que recibe la trabajadora o el trabajador que sufre un despido intempestivo e injustificado, sin recibir el preaviso de retiro por parte del empleador.

Debe percibir el monto equivalente a tres meses de sueldo o salario.

El pago del desahucio corresponde cuando la trabajadora o el trabajador es retirado intempestivamente, y no corresponde este pago cuando éste se retira voluntariamente.

La indemnización, por tiempo de servicios, es la compensación que otorga la empleadora o el empleador a las trabajadoras y los trabajadores por el desgaste físico y psíquico que sufren en el ejercicio de su trabajo.

Se paga con un sueldo o salario por cada año de trabajo continuo o en forma proporcional a los meses trabajados.

Derecho al trabajo y al empleo en la Constitución Política del estado

Toda persona tiene derecho a un trabajo digno con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, sin discriminación y con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional.

Los derechos laborales son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles.

El Estado promueve la incorporación de las mujeres y garantiza la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor. No se las discrimina o despide por su estado civil, embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijos.

Estabilidad laboral

La Constitución dispone que toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, y prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. El Estado protege la estabilidad laboral.

El trabajador o la trabajadora pierde esta estabilidad cuando incurre en una causal de despido justificado, aunque puede optar por la reincorporación a su fuente de trabajo o por el pago de sus beneficios sociales conforme a ley.

Las trabajadoras o los trabajadores que opten por el pago de sus beneficios sociales no pueden solicitar su reincorporación.

Pago de quinquenio

El quinquenio es la consolidación de la indemnización por tiempo de servicios al cumplimiento de cada cinco años de trabajo de manera continua.

Las trabajadoras y los trabajadores que hayan cumplido cinco años de trabajo pueden, a simple solicitud escrita, exigir el pago al empleador.

De ninguna manera implica interrupción de la relación laboral. Está prohibido exigir como condición para acceder a este derecho la renuncia o retiro de la trabajadora o del trabajador.

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